La muerte del ex dictador Videla acontece en un marco regional en el cual otros dictadores fueron o están siendo condenados a prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos en sus países.
Martes 21 de mayo de 2013 | 13:35
En Uruguay Juan María Bordaberry murió en prisión domiciliaria en 2011 y el general y presidente de facto Gregorio Álvarez todavía purga una larga condena.
Por Pedro Brieger
La muerte del dictador Jorge Rafael Videla en su celda tiene un alto valor político por el momento que se vive en América Latina. Videla murió en prisión pocos días después de que otro dictador, Efraín Ríos Montt fuera condenado a ochenta años de cárcel por genocidio y delitos de lesa humanidad.
Lejos parecen las épocas en que dictadores latinoamericanos fueran asesinados durante su gestión o después, como Anastasio Somoza en Nicaragua en 1956, su homónimo hijo en el exilio en 1980 y Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana en 1961. Muchos, de una larga lista de dictadores, murieron en el exilio, como el cubano Fulgencio Batista en 1973 en España, donde también murió el venezolano Marcos Pérez Giménez en 2001, o Alfredo Stroessner en 2006 en el Brasil.
Hubo dos casos especiales en estos últimos años. Hugo Banzer en Bolivia gobernó por las armas entre 1971 y 1978 cuando fue derrocado por otros militares y luego accedió a la presidencia por la vía electoral en 1997. El general Augusto Pinochet abandonó el poder en 1991 al asumir Patricio Aylwin como presidente pero continuó al frente de las Fuerzas Armadas hasta 1998 que llegó al congreso como senador vitalicio. Luego de una efímera detención en Londres regresó a Chile y murió sin que nadie se atreviera a enjuiciarlo, ni a tocar la constitución que él diseñó durante la dictadura.
Algo está cambiando. En Uruguay Juan María Bordaberry murió en prisión domiciliaria en 2011 y el general y presidente de facto Gregorio Álvarez todavía purga una larga condena.
Videla, condenado en el juicio de 1983, pasó cinco años en la cárcel para luego ser indultado y nuevamente encarcelado una vez anulados los indultos decretados por el presidente Carlos Menem. En Guatemala, por otra parte, el 23 de marzo ha sido declarado “Día Nacional contra el Genocidio” porque se conmemora la fecha del golpe de Estado encabezado por Ríos Montt. Casualidades de la historia, un 24 de marzo (de 1976) en la Argentina hubo un golpe de Estado y otro 24 de marzo (de 1980) fue asesinado en El Salvador Monseñor Oscar Romero. Es verdad que muchos –demasiados- asesinos todavía están libres y que no siempre queda clara la relación entre los sangrientos golpes militares y los proyectos económicos vinculados a las dictaduras. La condena social hacia la violencia genocida se ha extendido e incluso en Guatemala el tribunal ordenó al gobierno una disculpa formal hacia la población maya ixil que fue masacrada.
Pero los artífices de los proyectos económicos que sustentaban casi todas las dictaduras han sabido reacomodarse a las épocas democráticas. Por eso ya no necesitan de burdos generales que asesinan a mansalva, cierran parlamentos y prohíben toda actividad política después de un golpe de Estado. Ahora son más sutiles, se esconden detrás de la defensa de la democracia.
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