El Gobierno eliminó el requisito de participación mayoritaria de capital local para acceder a esa categoría. Las empresas argentinas deberán competir por las contrataciones del RIGI con filiales de multinacionales que podrán recibir el mismo reconocimiento legal. La industria advierte sobre las consecuencias para los proveedores nacionales.
Walter Onorato // Domingo 22 de noviembre de 2026 | 09:03
Milei flexibiliza el RIGI y equipara a las pymes con multinacionales
El gobierno de Javier Milei introdujo una modificación en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que amenaza con debilitar las oportunidades comerciales de las pequeñas y medianas empresas argentinas. Mediante el Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial, el Ejecutivo eliminó el requisito de participación mayoritaria de capital local para que una sociedad sea reconocida como proveedora nacional de los grandes proyectos de inversión.
La decisión modifica una condición central de acceso a las contrataciones: ahora una filial de una multinacional, incluso con capital íntegramente extranjero, podrá ser considerada proveedora local si está constituida y domiciliada en Argentina y cumple los demás requisitos establecidos. De esta manera, empresas de capital argentino y compañías controladas desde el exterior podrán competir bajo una misma categoría jurídica, aunque sus capacidades financieras y productivas sean muy diferentes.
El RIGI contempla que los grandes proyectos destinen al menos el 20% de determinados gastos en bienes y obras a proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas. Ese porcentaje no desaparece con la nueva reglamentación. Lo que cambia es quiénes pueden ser contabilizados dentro de él.
Hasta ahora, las sociedades debían cumplir una exigencia de participación de titulares con domicilio fiscal argentino equivalente al menos al 51% del capital o del poder de voto. Con la modificación, ese criterio deja de ser determinante.
El resultado abre un interrogante sobre la política industrial: una gran inversión podría cumplir formalmente sus compromisos de contratación local mediante compras a filiales de multinacionales, sin que necesariamente aumente la participación de empresas de capital argentino.
Esto no significa que los contratos ya hayan sido desplazados hacia compañías extranjeras. Significa que el Gobierno modificó las condiciones de competencia y eliminó una diferenciación que favorecía la participación de capitales radicados fiscalmente en el país.
La preocupación llegó desde la Federación Argentina de Proveedores Mineros. Su presidente, Manuel Gómez Bello, cuestionó que contratistas multinacionales puedan acceder a la categoría de proveedores locales mediante su constitución y domicilio en Argentina, independientemente del origen de su capital.
La advertencia apunta a una desigualdad concreta: las pymes nacionales deberán disputar contratos con empresas internacionales que pueden contar con mayor acceso al crédito, respaldo financiero de sus casas matrices y cadenas globales de abastecimiento.
Para los fabricantes argentinos, la cuestión no se limita a conseguir una contratación. También está en juego la posibilidad de desarrollar tecnología, ampliar instalaciones, incorporar trabajadores y consolidar cadenas productivas alrededor de las inversiones mineras, energéticas e industriales.
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La controversia tiene nombres y lugares concretos. En Calingasta, San Juan, empresas como Transporte Sánchez, Caterwest y Servicios Mineros Calingasta forman parte del entramado de proveedores que busca participar del desarrollo minero. En el otro extremo aparecen gigantes internacionales de ingeniería y construcción como la estadounidense Bechtel, con una estructura financiera y operativa de alcance global.
Aunque no está documentada una licitación que enfrente directamente a estas compañías, el Decreto 1366/2026 permite que sociedades de capital extranjero constituidas y domiciliadas en Argentina sean reconocidas como proveedoras locales. Así, una pyme provincial y una filial de una multinacional pueden integrar la misma categoría para computar contrataciones del RIGI.
La pregunta es qué oportunidades reales conservarán las pequeñas empresas de las comunidades mineras frente a competidores de semejante dimensión.
El Gobierno de Milei sostiene que la modificación permitirá ampliar la concurrencia de proveedores y fortalecer los encadenamientos productivos locales. Según los fundamentos del decreto, la condición de proveedor debe depender de la constitución y el domicilio de la empresa, no de la nacionalidad de sus accionistas.
La normativa conserva una exigencia relevante: los bienes suministrados deben cumplir los criterios de origen nacional establecidos en el acuerdo correspondiente del Mercosur. Por lo tanto, la reforma no convierte automáticamente cualquier producto importado en un bien argentino.
Sin embargo, una empresa puede estar legalmente radicada en el país sin tener la misma vinculación con el entramado industrial nacional que una pyme que produce, invierte y reinvierte localmente.
El interrogante es si la mayor competencia prometida por el Ejecutivo se traducirá en desarrollo productivo o si terminará reduciendo las oportunidades de quienes sostienen fábricas y puestos de trabajo en Argentina.
El perjuicio efectivo deberá comprobarse mediante las futuras adjudicaciones. Pero el cambio normativo ya está vigente: el Gobierno decidió ampliar la categoría de proveedor local sin conservar la diferenciación por participación mayoritaria de capital local.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿de qué sirve promover inversiones millonarias si no se garantiza que una parte significativa de sus beneficios fortalezca a las empresas y a los trabajadores argentinos?
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La modificación del RIGI deja al descubierto una contradicción de la política económica del Gobierno: atraer capitales extranjeros no garantiza, por sí mismo, el fortalecimiento de las empresas argentinas. Al eliminar el requisito de participación mayoritaria de capital local, el Ejecutivo permite que filiales de multinacionales sean reconocidas como proveedoras locales, incluso cuando su propiedad pertenece íntegramente a capitales extranjeros.
El interrogante excede una disputa comercial. En sectores como la minería, donde la explotación se realiza sobre recursos naturales agotables, resulta fundamental determinar cuánto valor agregado, empleo, tecnología y capacidad industrial permanecerán en las provincias una vez finalizados los proyectos.
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Las grandes inversiones pueden contribuir al desarrollo regional, pero ese resultado no es automático. Depende de las condiciones de contratación, la participación efectiva de las pymes, la transferencia tecnológica, el cumplimiento ambiental y la reinversión de los beneficios.
La pregunta que deberá responder el RIGI con resultados verificables es si sus incentivos servirán para construir una economía nacional más diversificada o si facilitarán proyectos rentables para grandes compañías sin generar encadenamientos productivos duraderos en las regiones donde operan.
Porque una cosa es que ingresen millones de dólares para explotar recursos argentinos y otra muy distinta es que esa riqueza se transforme en desarrollo económico sostenible para el país.
Poder Ejecutivo Nacional. (2026, 13 de noviembre). Decreto 1366/2026. Decreto N.º 749/2024. Modificación. Boletín Oficial de la República Argentina, N.º 36.033, pp. 4-7. Publicado el 16 de noviembre de 2026. Texto oficial.
Ámbito. (2026, 18 de noviembre). RIGI: fuertes críticas de los proveedores locales al Decreto 1366 que cambia reglas de competencia. Artículo completo.
Criterio de verificación: el cambio normativo y las críticas sectoriales están documentados. El desplazamiento efectivo de contratos y las pérdidas económicas de las pymes son riesgos que todavía requieren evidencia.
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