Lo dijo la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, quien también contó que el país en consultado por su legislación.
Javier Lema - Redacción Enorsai // Domingo 12 de enero de 2014 | 11:49
La titular de
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La funcionaria aseguró que el trabajo de
“El relator para
Las denuncias que se reciben tratan en su mayoría sobre contenidos discriminatorios en relación al género y las minorías, así también como informaciones falaces que se difunden en el marco de algunas coberturas informativas.
“Cuando nos presentan un reclamo, lo analizamos con un equipo técnico y otro legal. Luego, trasladamos nuestra inquietud al medio en cuestión y tratamos de obtener una acción reparadora, que puede pasar por un comunicado o una aclaración que tenga la misma duración que el contenido que motivó la denuncia”, explicó.
Este año, el organismo impulsará talleres de reflexión crítica destinados a las audiencias y propiciará “acuerdos de buenas prácticas profesionales” con los propietarios de las licencias de servicios audiovisuales.
“Decidimos comenzar a sugerir procedimientos de buenas prácticas profesionales tras las coberturas que se llevaron a cabo en la inundación que afectó a
Ottaviano destacó que la discusión que antecedió a la promulgación de
“Lo que vamos viendo es que el público empieza a darse cuenta de que la comunicación es un derecho y el acceso a la información debe estar garantizado. En la medida en que este proceso se consolide, a las corporaciones les resultará cada vez más difícil tratar a las audiencias como meros consumidores”, remarcó.
Periodista, escritora e investigadora, Ottaviano encabezó en 2010 una investigación que difundió el diario Tiempo Argentino sobre la apropiación de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín,
La difusión de esa investigación impulsó la reapertura de una causa actualmente instruida por el juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal número 10 con sede en
Sin embargo, para Ottaviano, la causa se encuentra “paralizada”, ya que el magistrado no accede aún a tomarle declaración indagatoria al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, tal como lo requieren las partes querellantes.
“Es frustrante que en el expediente no se avance contra los responsables de esa una apropiación. La última dictadura pactó en 1977 un negocio con los dueños de los principales diarios para ocultar un genocidio. Es importante establecer la verdad y castigar a los culpables.