El gobierno nacional contó con un total de 44 millones de pesos para su campaña, de los cuales, la mayor parte fue donada por el sector empresarial y solo una minúscula porción se hizo de forma particular. Es el caso, por ejemplo, del propio presidente Macri que destinó 100 mil pesos para su campaña.

El total de dinero que contó el oficialismo para buscar la reelección del presidente y de la gobernadora María Eugenia Vidal, casi triplica los fondos que utilizó el Frente de Todos que conduce Alberto Fernández.

A partir de la nueva ley Nº 27.504, la población puede dar cuenta de qué forma se financian las campañas políticas, luego de que la polémica causa de los cuadernos y las denuncias en contra de los aportantes truchos en la campaña legislativa de Cambiemos en 2017, demostraran orígenes espurios en el dinero que utilizan los candidatos.

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Sin embargo, a pesar de que el nuevo sistema ordena que todo aporte sea bancarizado, los aportes que recibió Juntos por el Cambio demuestran una verdadera devolución de favores entre el sector privado y el gobierno nacional.

Por ejemplo, según el registro oficial, el principal aportante de la campaña 2019 fue la empresa SICMA SA, una sociedad de Pérez Companc. La misma donó más de 6,2 millones de pesos, si se cuenta además lo que ya había aportado durante la campaña legislativa de 2017.

El dato es que, según una investigación periodística, el año pasado el gobierno le había perdonado una deuda total de 70 millones de dólares a la empresa Molinos, pertenecientes a la firma de Pérez Companc. Es decir, que si se pone en números, la empresa entregó a la campaña una insignificante porción de lo que anteriormente el gobierno le había condonado.

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Otro caso similar es el de Petromix SA, una empresa dedicada a la extracción de gas y petróleo que según publicó Infobae, aportó al gobierno unos 4 millones de pesos. A su vez, el presidente de la firma, Martín Fernando Brandi, aportó individualmente otro millón.

Nuevamente, se repite la operación que devuelve favores: Brandi también es presidente de la Petroquímica Comodoro Rivadavia, la cual se erige como la principal productora de cemento en gran parte del sur argentino, y el pasado mes de junio se quedó con una licitación millonaria del Parque Eólico del Bicentenario de la provincia de Santa Cruz.

Otros dos casos, hablan de lo mismo: María Luisa Bárbara Miguens donó más de un millón de pesos; la mujer es accionista de Central Puerto, la segunda generadora eléctrica de todo el país y que tiene como dueño al íntimo amigo del presidente, Nicolás Caputo. De hecho, gracias a las políticas tarifarias que aplicó el gobierno, la empresa se llevó la increíble suma de 17 mil millones de pesos solo en 2018.

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El último caso se trata de Félix Lacroze, subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación. Lacroze es, a su vez, uno de los dueños de Control Unión Argentina SA y presentó una contribución de unos $1.640.000 de pesos.