A sólo días de las PASO y mientras Juntos por el Cambio busca solidificar su voto duro bajo el argumento de la transparencia, u escándalo de corrupción contado en primera persona les estalló en plena campaña: la ex directora de Jurídicos de Vialidad Nacional Julieta Lucila Ripoli reveló y confirmó que existió y cómo fue el direccionamiento de dos concesiones multimillonarias de obra pública a socias de las empresas del presidente Mauricio Macri, mediante los tarifazos y la renegociación de los peajes del acceso Norte y Oeste a la Capital Federal.

En una entrevista con Página 12, la abogada explicó que el primer paso de la estafa se dio en 2015 cuando AUSOL -que tenía acciones de Macri- hizo un reclamo administrativo pidiendo la renegociación integral del contrato, que vencía recién en 2020. Tras ganar la elección, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich aprueba la renegociación por U$S500 millones.

“Claramente lo que hubo fue un direccionamiento de dos concesiones multimillonarias de obra pública, a socias de las empresas del Presidente”, dijo Ripoli, abogada especialista en Asesoramiento Jurídico del Estado, en un reportaje que el medio que lo realizó describió que se produjo en condiciones en que la entrevista se mostraba nerviosa por los aprietes que sufrió durante los años en que transcurrieron los hechos.

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Para dar precisiones de cómo fue la maniobra de la que se habría beneficiado el Presidente y que es investigada por la justicia, la ex funcionaria aseguró que “la estafa tuvo tres patas fundamentales”. Por un lado, en 2015, "después del resultado de las PASO, Ausol, hace un reclamo administrativo pidiendo la renegociación integral del contrato, que vencía recién en 2020".

Y continuó: "Ahí comenzaron a preparar el terreno. Lo tenían todo premeditado. Después Macri gana el balotaje y ahí ya tenían todo armado. El 7 de diciembre de 2015 –tres días antes de la asunción presidencial– Abertis, socia principal y controlante extranjera de Ausol, presenta un reclamo millonario ante el Ciadi. El 17 de diciembre el organismo recepta la denuncia formalmente. Ni bien asume Dietrich sale a decir que se renegociaban los contratos porque se estaba tramitando una demanda ante el Ciadi que nos iba a salir una fortuna a los argentinos. Según ellos era un negoción bárbaro para la Argentina, porque la demanda internacional era por 1100 millones de dólares y ellos iban a renegociar por 500 millones. Todo eso fue la primera puesta en escena de lo que fue la simulación, el fraude y la estafa”.

Pero eso es sólo la primera parte de la operación que denuncia Ripoli. “La segunda estafa está en cuando Macri vende sus acciones”, siguió.

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“Como ya se descontaba la renegociación integral con la prórroga del plazo de concesión, el precio de las acciones se disparó. Si la concesión se está por vencer las acciones van a valer dos mangos con cincuenta, pero como ya se sabía que iban a renegociar y además aumentaron antes las tarifas de los peajes, las acciones subieron notablemente”. Las acciones de Ausol valían cuatro pesos en enero de 2015. Cuando asumió Macri, la acción trepó a 14,50. Luego aumentó la tarifa de peajes entre un 200 y 270 por ciento y la acción llegó a 75,50. En ese momento, Socma vendió el siete por ciento que tenía de participación a un valor de 19,7 millones de dólares.

Finalmente, y ante la consulta de Página 12, desarrolló cómo fue "la tercera pata de la estafa": "Fue la frutilla de la torta: la tercera estafa estuvo en la renegociación integral del contrato y en los términos en los que se hizo".

"Conclusión: En la misma persona confluyeron el empresario que se benefició económicamente con el aumento de las tarifas del peaje, con la venta de las acciones y con la renegociación integral del contrato de concesión. No es que Macri solamente estuvo de los dos lados del mostrador, fue él mismo en todos los casos. Todo confluyó en su persona; negociación incompatible, fraude y estafa", disparó.

Según explicó, el Estado le reconoció esos 500 millones de dólares a Ausol bajo la excusa de que se trató del "monto no amortizado desde la salida de la convertibilidad". Y agregó: "Lo que nos quieren hacer creer es que en 24 años -con los aumentos de las renegociaciones parciales de todos los años, los incumplimientos de la empresa, la fuga de capitales, la estafa denunciada por los propios accionistas minoritarios- Ausol no logró recuperar los 500 millones de inversión que figuraban en el contrato anterior. Y las empresas lograron prorrogar por una década el contrato sin tener que ir a una nueva licitación, con ventajas económicas mucho mayores a las del contrato anterior. Les dolarizaron las tarifas; les garantizaron el flujo de tránsito pasante; les dieron al menos dos aumentos por año ajustados por inflación y quitaron la obligación de levantar las barreras si pasa una determinada cantidad de tiempo de espera de los usuarios".

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Los diputados nacionales del FpV-PJ ratificaron en Comodoro Py la denuncia presentada contra Macri y los ministros Guillermo Dietrich y Javier Iguacel por la maniobra realizada para que Ausol, Sideco Americana y otros socios comerciales del presidente ganaran millones de dólares por la concesión de los peajes de acceso norte.

Los legisladores Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau denunciaron que tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, tal como explicó Ripoli. Detrás de esta maniobra, argumentaron, presionaron para renegociar el contrato que vencía en 2020.

Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol, y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el Estado arregló con la empresa por 499 millones de dólares. Además les otorgaron nuevos contratos de concesión sin llamado a licitación ni concurso público de precios, y con cláusulas leoninasen detrimento de los intereses del Estado y en beneficio de las empresas.