La justicia de la Ciudad impuso una multa de 10 mil pesos diarios al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por cada día de demora en cumplir la sentencia que le ordenó resolver el riesgo eléctrico en la Villa 21-24 de Barracas, en una causa que lleva más de diez años. El Gobierno ya apeló la medida, en tanto la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario a una audiencia para este miércoles.

Según consignó Página 12, en la audiencia participarán funcionarios del gobierno, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), vecinos e integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la organización que denunció el incumplimiento gubernamental, para impulsar medidas de contingencia en el barrio.

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El Gobierno de la Ciudad incumplió lo que le había ordenado el fallo del juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de Feria 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario: presentar un "proyecto eléctrico adecuado para solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad del barrio", en el que viven más de 50 mil personas.

El proyecto "deberá ser elaborado según la Guía de Diseño de Redes Eléctricas de baja tensión para asentamientos poblacionales, y aprobado por el ENRE", dispuso Gallardo, tal cual obliga el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, cuyo plazo legal de 105 días expiró días atrás.

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El magistrado impuso 10 mil pesos de astreintes -multa por demorar el cumplimiento de una orden judicial- al titular del Ejecutivo porteño por cada día de demora, para lo cual le dio un plazo de diez días. Y fijó que al vigésimo día hábil de notificada la resolución, que empezó a correr el 5 de agosto, en caso de mantenerse el incumplimiento de la sentencia, ésta podrá ser ejecutada por un tercero.

"El juez dictaminó incumplida la sentencia y fijo una multa al jefe de Gobierno, porque el mismo Ejecutivo no clarificó qué organismo es el que tiene a cargo resolver el problema, ya que se lo dividen entre Desarrollo Urbano y el Instituto de Vivienda (IVC) -sostuvo el codirector de ACIJ, Sebastián Pilo-. Para eso, declaró inconstitucional la ley 6.021, sancionada por la Legislatura el año pasado, que dispuso que cuando se dictan astreintes contra funcionarios, pueden ser apeladas hasta que queden firmes por el tribunal de alzada".

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Pilo explicó a Página 12 que "lo que hay en la villa es un tendido eléctrico irregular, sumamente precario, en el que los propios vecinos terminan supliendo los déficit. Instalaciones muy deficitarias en relación a las que tiene el resto de los habitantes de la Ciudad, y que impactan no sólo en los cortes de luz que sufren sino en un riesgo más inmediato a la integridad física y de los bienes de las personas".

"Diez años atrás -relató Pilo-, se demandó al gobierno porteño por la deficiente prestación del servicio, que discrimina por condición socio-económica. Si bien es una situación que se da en otros barrios vulnerables, en la 21-24 se ve más acentuado". En febrero último, tras ocho años de litigio, la sentencia del TSJ confirmó la cuestión de fondo para que se brinde un servicio similar al que se presta en el resto de la Ciudad, pero el gobierno de Larreta presentó, en lugar de un proyecto integral, un plan de contingencia limitado a un sector del barrio, que no resuelve la cuestión estructural. A pesar de los fallos de primera y segunda instancia, y del TSJ, el gobierno continuó con las maniobras dilatorias para no cumplir con las resoluciones judiciales.