Gustavo Arribas era el testaferro de Macri en Boca

Los antecedentes de Mauricio Macri sobre el mundo de la inteligencia no eran alentadores. Estuvo investigado por la causa de escuchas ilegales del Gobierno porteño que llevó a la fama al agente Ciro James y expulsó al cuestionadísimo comisario Jorge “Fino” Palacios.

Ahora, sus designados para conducir la Agencia Federal de Inteligincia (AFI, ex SIDE) confirman los peores pronósticos, tras la confirmación de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Arribas es la cara visible de un grupo dedicado a la compra de jugadores. Fue socio de la empresa HAZ, por las iniciales de  Fernando Hidalgo (ex socio de Gustavo Mascardi), Arribas y el israelí Pinhas Zahavi, desde la que cerró acuerdos con inversores rusos y con el grupo MSI, del magnate iraní Kia Joorabchian.

Con Macri en la presidencia de Boca, el grupo de Arribas fue intermediario en el cuestionado pase de Carlos Tevez al Corinthians en 2005. Tras declaraciones contradictorias sobre cuál había sido el monto real de la venta, la Unidad de Información Financiera trató de determinar si hubo evasión de impuestos o lavado de dinero proveniente de la mafia rusa.

“Hubo una triangulación y dos declaraciones distintas sobre la transferencia. Pero yo al poco tiempo renuncié y lo cierto es que son delitos difíciles de probar”, dijo al diario Perfil Alicia López, presidenta de la UIF por entonces. “Arribas era el testaferro de Mauricioi”, afirmó el ex vice de Macri en Boca, Roberto Digón.

Por su parte, Majdalani y su esposo, el martillero Jorge Norberto Olivero, son amigos íntimos del ex agente Paco Larcher. Vecinos en el country Abril de Berazategui, los hijos de Larcher y la de Majdalani-Olivero van al mismo colegio, y las familias suelen compartir vacaciones en Punta del Este y Bariloche.

Majdalani y Olivero tienen un historial turbulento en la justicia. En 1998, Majdalani fue interventora de la Obra Social de la Encotesa y las Telecomunicaciones, lo que le costó una denuncia por parte de su sucesor en el cargo, el abogado Leandro Illia, por “serias irregularidades en el manejo de fondos”.

En 2004, la Oficina Anticorrupción apoyó la denuncia, en la que se detallan pagos de sobreprecios y contrataciones directas poco claras.

El esposo de Majdalani a su vez participó de una burda estafa para quedarse con parte de la herencia de un terrateniente cordobés, Juan Manubens Calvet, quien murió soltero y dejó vacantes unos 500 millones de dólares. Con la ayuda de Olivero, una mujer paraguaya falsificó documentos y se presentó como la hija no reconocida de Calvet.

Lo audaz jugada no prosperó y Olivero resultó condenado a tres años de cárcel: empezó a cumplir la pena en Devoto, hasta que Carlos Menem lo perdonó a través de un decreto personalizado, en su último día como presidente. Como agradecimiento, 2003 Majdalani y Olivero militaron desde la agrupación El Aguante por la (fallida) re-reelección de Menem, y en 2005 aportaron para la fianza del riojano, entonces investigado por sus cuentas en Suiza.

Majdalani además fue imputada en dos causas. Iniciada en 2006, por el delito acción pública, en una a Majdalani se la acusa por el robo y usurpación de un predio estatal ubicado en Andalgalá, Catamarca, para que lo explotara la Minera Andina SA. La diputada integraba el órgano ejecutivo de la minera que usó ese terreno, perteneciente a Fabricaciones Militares, desde 1991 hasta el 2006, cuando fue desalojada por la justicia.

En 2004, Majdalani fue acusada por haber participado de una maniobra para vaciar un grupo de compañías de seguros. En 1997, fue la presidenta de Paraná Seguros, una de las empresas involucradas en la supuesta estafa.