El fiscal que lleva adelante la investigación, Raúl Garzón, ordenó la detención de los afectivos cordobeses por el acuartelamiento y posterior ola de saqueos. Como consecuencia la ola de disturbios se produjeron varios heridos un joven de 20 años resultó muerto.

Además de los policías, se detuvo a Adriana Rearte, la esposa de un policía retirado y una de las máximas referentes de las “rosas azules” el grupo que reúne a las esposas de los oficiales y a través del que vehiculizan sus reclamos.

Ayer cuatro policías fueron pasados a pasividad sospechados de planificar nuevos acuartelamientos.

A partir de estas sospechas, es que el Ejecutivo nacional envió mil efectivos federales para guardar el orden institucional.

En declaraciones a InfoJus, una fuente de la investigación mencionó que fueron detenidos “los primeros insurrectos, no lo únicos. Individualizarlos no fue fácil. Llevó todo este tiempo de investigación y se hizo todo un chequeo satelital, porque no tenían las insignias y habían tapado todas las identificaciones de los vehículos”.

Los delitos que se les imputan a los miembros de las fuerzas de seguridad son “desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos”. El primer delito prevé penas leves y el segundo, penas de entre 2 y 6 años de prisión.

El jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, advirtió hoy que "no" tolerará más protestas en la fuerza, porque "no podemos permitir otra vez ninguna muestra de paro que atente contra la paz social”.