OPERETA

Roa y el arte de desinformar: El ataque a Fernanda Miño manipulando la información

Juan Grabois señaló el accionar de la policía bonaerense y la complicidad de ciertos medios, como Clarín, que tergiversan la verdad. El allanamiento nocturno y violento contra Fernanda Miño revela una preocupante persecución que va más allá de la ley y se instala como un arma política bajo el gobierno de Javier Milei.

Roa y el arte de desinformar: El ataque a Fernanda Miño manipulando la información

Walter Onorato // Martes 29 de octubre de 2024 | 12:31

Violencia y amedrentamiento político

(Por Walter Onorato) El operativo policial contra Fernanda Miño, ex funcionaria y colaboradora cercana de Juan Grabois, ha dejado al descubierto un caso de evidente abuso de poder y violencia institucional, donde la Policía Bonaerense, bajo las órdenes de un fiscal del departamento de San Martín, decidió irrumpir en el domicilio de Miño en medio de la noche, desplegando una brutalidad desmedida contra ella y su familia.

La situación, sin embargo, no se limita a un simple exceso en el uso de la fuerza: las irregularidades y omisiones en el caso reflejan un trasfondo mucho más oscuro de persecución política y manipulación mediática que enciende las alarmas sobre el rumbo autoritario y represivo del actual gobierno de Javier Milei.

Para Grabois, el incidente es solo la punta del iceberg en un esquema de amedrentamiento que busca disciplinar a quienes, como Miño, se atreven a desafiar el status quo. “Este no es solo un ataque contra Fernanda y su familia, sino una advertencia hacia quienes defienden causas sociales y se oponen a las políticas de ajuste y despojo impulsadas por el gobierno”, en una clara postura crítica frente a un sistema que utiliza a las fuerzas de seguridad como herramientas de represión selectiva.

 

 

Lo más alarmante es que la evidencia que exculpaba a Miño estaba disponible desde el principio. El vehículo implicado en el presunto robo, que alguna vez estuvo registrado a nombre de ella, ya había sido transferido meses atrás. La actual propietaria contaba con todos los documentos necesarios —verificación policial, técnica vehicular y seguro— a su nombre. No obstante, estas pruebas, que deberían haber desviado la investigación desde un inicio, fueron ignoradas, y la persecución se enfocó en Miño, a pesar de que los registros de inteligencia no aportaban datos que la incriminaran.

La prensa, cómplice o negligente, no se queda atrás en su papel dentro de este engranaje de desprestigio. En particular, la cobertura ofrecida por el periodista Mariano Roa ha sido una muestra de cómo ciertos medios optan por manipular y omitir información con tal de construir un relato conveniente. Roa, en lugar de destacar las irregularidades y el abuso en el caso de Miño, se apresuró a utilizar titulares incendiarios y una narrativa malintencionada, tergiversando los hechos para encasillar a Miño como culpable.

Titulares como “Confesó y encontraron la camioneta a su nombre usada en un robo” omiten intencionalmente el contexto y las pruebas que la desvinculan de cualquier implicación en el robo, reforzando la idea de una persecución mediática que apunta más a destruir la imagen de Miño y Grabois que a informar de manera objetiva.

 

 

En su declaración pública, Grabois dejó claro que este operativo no fue un simple error policial, sino una maniobra de amedrentamiento diseñada para intimidar. La diligencia nocturna, el despliegue de violencia frente a sus hijas y la omisión de pruebas clave demuestran que el propósito del operativo nunca fue esclarecer un crimen, sino castigar y desacreditar a Miño como figura pública, una situación que califica de gravedad institucional y persecución política.

Para Grabois, no solo la Policía Bonaerense debe rendir cuentas; el gobierno de Javier Milei, con su Ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deben dar una explicación pública por la campaña de desinformación que han promovido en este caso. “Es inadmisible que desde el Estado se fomente la persecución de esta manera y se permita que los medios distorsionen la realidad para justificar el abuso”, enfatizó Grabois.

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Además, no se puede pasar por alto el daño psicológico y moral que sufren las víctimas de este tipo de operativos, ni los efectos sociales de normalizar este tipo de violencia desde el Estado. La familia de Miño no solo fue sometida a una violación de su intimidad y seguridad, sino que también ha sido el blanco de un linchamiento mediático que perpetúa estigmas y fomenta un ambiente de desconfianza y miedo.

El contexto de violencia y persecución en el que se desarrolló este operativo es una muestra más del clima de polarización extrema en Argentina, donde la política se ha convertido en una herramienta para aplastar al oponente en lugar de construir un espacio para el diálogo y el entendimiento. La administración de Javier Milei, que llegó al poder prometiendo reformas y modernización, está llevando al país a un terreno peligroso donde la represión y la manipulación de la justicia se están convirtiendo en métodos rutinarios de control.

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Es imperante exigir transparencia, justicia y un respeto irrestricto a los derechos humanos. Si permitimos que se normalicen este tipo de atropellos, estamos entregando nuestra democracia y las garantías individuales al capricho de quienes manejan el poder y los medios a su favor. El caso de Fernanda Miño no debe pasar desapercibido; es una oportunidad para reflexionar y actuar contra la impunidad, la corrupción y el uso indebido de la fuerza, y para recordarle al gobierno y a los medios que su deber es informar y proteger a todos los ciudadanos por igual, sin distinciones de color político o afiliaciones.

La violencia institucional, la manipulación de los medios y el abuso de poder no tienen cabida en una democracia que se respete. Hoy, más que nunca, es imperativo que la justicia recupere su independencia y que los medios dejen de ser cómplices de los poderosos, porque un pueblo informado es la mejor defensa contra la opresión y el atropello. Este caso debe marcar un antes y un después para quienes buscan un país donde el respeto y la dignidad de cada ciudadano estén por encima de cualquier interés político.

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