Igual que Macri

Urtubey ordenó la represión de una comunidad originaria para beneficiar una empresa

El gobernador reprimió en la mañana del martes a la comunidad Diaguita Kallchaki para defender a una bodega que usurpa tierras originarias reconocidas por la Ley 26.160. La empresa en cuestión cuenta con fondos estatales de dudosa legitimidad. También esta denunciada por deforestación ilegal.

Urtubey ordenó la represión de una comunidad originaria para beneficiar una empresa

Por La Izquierda Diario // Miercoles 06 de febrero de 2019 | 07:23

En la mañana del martes y sin mediar orden judicial, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey envió a la policía a reprimir a la comunidad Diaguita Kallchaki la Aguada. Los originarios realizaban un corte sobre el Camino a la Aguada para reclamar que la empresa M.AGROPECUARIA S.R.L está usurpando territorios ancestrales, habitados actualmente por la comunidad y protegidos contra desalojo por la ley 26.160, que tiene vigencia hasta 2021.

La empresa, a cargo de Luis Javier Montero Alesanco, aduce tener título de propiedad sobre las tierras y estar en su derecho de avanzar con la construcción de la Bodega Puna, ubicada a pocos kilómetros de la localidad de Cachi.

La comunidad, por su parte, denuncia que “la familia Montero apareció hace un par de años con millonarios recursos del Estado en territorio comunitario, acaparando la zona de riego, la obra comunitaria de agua de red y quitando fuentes de trabajo. Ahora intentan avanzar con la zona sin riego (de viviendas; secado; corrales; pastoreo y sitios sagrados)".

Efectivamente las tierras donde se ubica la Bodega Puna están dentro del territorio actual y tradicional del pueblo Diaguita Calchaqui, según reconoce el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) y el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI).

Urtubey se niega a acatar este reconocimiento y, más aún, ha aprobado mediante el decreto 924 (año 2017) una serie de “beneficios promocionales” para que M.AGROPECUARIA construya la Bodega. Dichos beneficios constan de un crédito por 3.5 millones de pesos que la empresa tiene que devolver en un cómodo plazo de ¡15 años! y con un ¡0% de interés!. Es decir que la provincia no solo no gana sino que se hace cargo de la depreciación del préstamo vía devaluación e inflación.

Como si esto fuera poco, el decreto de Urtubey también le perdona a la empresa de los Montero el 100% de los impuestos provinciales por un plazo de 8 años. Un negocio redondo.

Llamativamente, el funcionario que celebró el contrato con M.AGROPECUARIA también se llama Javier Montero y oficia como Ministro de Ambiente y Producción Sustentable. ¿Serán familia? No lo sabemos.

Lo que si podemos constatar que el empresario Montero tiene una relación cercana con funcionarios provinciales, a los que se vio unido incluso en la desgracia. En 2010 un accidente aéreo que afortunadamente no fue fatal encontró a Montero en la misma aeronave privada junto con el Subsecretario de Tierra y Hábitat del gobierno de Salta, Gonzalo Bello.

Otro dato curioso es que al momento de celebrar el contrato para la construcción de la Bodega, la empresa de los Montero no tenía por objeto el cultivo de vid, ni la producción y comercialización de vinos. Dicha actividad fue agregada a las competencias empresariales un año después de recibir los millones que le regaló Urtubey, según consta en los boletines oficiales de la provincia (ver Constitución de Sociedad de 2005

y modificación del objeto de la empresa en 2018). ¿Cómo es posible que un gobierno entregue la friolera de 3.5 millones al 0% de interés para un proyecto de producción de vinos a una empresa que no está habilitada a producir vinos?

Desmontando tierras originarias

Esta no es la única mancha en el currículum de Luis Javier Montero. En 2008, Greenpeace denunció al gobierno de Santiago del Estero por permitirle al empresario el desmonte de 244 hectáreas de bosques en el departamento de Pellegrini, en abierta violación de la moratoria establecida a partir de la sanción de la Ley de Bosques, aprobada y vigente desde fines de 2007.

La decisión de las autoridades santiagueñas quebrantó también el artículo 35 de la Ley provincial 6.841 que prohíbe la eliminación del bosque por medio de desmonte total o parcial cuando afecten sitios de valor cultural, poblaciones y/o territorios de pueblos originarios.

Parece que los propietarios de la Bodega Puna vienen lucrando con la explotación y usurpación de territorios originarios desde hace años.

Urtubey se propone como candidato a presidente por el peronismo, para enfrentar al gobierno de los CEO’s y empresarios. Pero parece que defiende los mismos intereses que el macrismo.

 

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