Están en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional

Uno por uno los argumentos del macrismo quedaron reducidos a cenizas con la lectura y el análisis que realizó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Además de romper con cada una de las razones para avanzar con el aumento, le recomendó a la Corte Suprema de Justicia que deje sin efecto el tarifazo.

En su dictamen, Gils Carbó afirma que con un aumento tan brutal se ponen en riego la calidad de vida, el derecho a trabajar, comerciar. Además de atacar directamente al corazón de las fabricas recuperadas y las cooperativas.

De avalar el aumento se pone “en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, sostuvo.

Y agrega que “el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización de previa de una audiencia pública dado que la ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores”.

Es en este marco que sostiene que las audiencias celebradas en 2004 y 2005 no pueden ser tenidas por válidas para aumentar los servicios hoy. Ya que el contexto político y social se vio sustancialmente modificado.

Ahora será el máximo tribunal del país el que deberá resolver una crisis generada por el propio gobierno y que pone en jaque el plan de ajuste impulsado desde diciembre pasado.