El ex presidente Fernando de la Rua se negó 5 veces a prestar declaración; Ernestina de Noble, principal accionista de Clarín, también rechazó dar declaración indagatoria, y el pedio de detención que cursó el juez Roberto Marquevich, le costó el cargo. Incluso el juez que ordeno detener a Bonafini, Marcelo Martínez de Giorgi, dejó que un banquero faltará cuatro veces a indagatoria antes de orden detenerlo.

El caso de Macri se remonta al año 2011, cuando fue citado a indagatoria por las agresiones que la UCEP le propinó a indigentes en situación de calle. La Unidad de Control del Espacio Público fue creada en el año 2008 por el propio Macri, cuando era jefe de Gobierno, y fue denunciada por distintas situaciones de violencia física, verbal e incluso un caso de violación. Una de esas denuncias llevó a que el juez de instrucción Facundo Cubas citara a indagatoria al actual presidente.

En febrero de 2011, Macri se negó a prestar declaración, y se fue a hacer campaña en la localidad bonaerense de San Martín, cuando aun se especulaba con que sea candidato a presidente, aunque finalmente buscó la reelección de la jefatura porteña. Su abogado Alejandro Pérez Chada, presentó un escrito pidiendo la postergación de la audiencia por compromisos que tenía contraídos previamente el jefe de gobierno; pero el juez Cubas negó la existencia de tal escrito. Incluso, Macri recusó al juez Cubas por "falta de imparcialidad", aunque la presentación fue rechazada en primera instancia.

El ex presidente, Antonio de la Rua se negó en cinco oportunidades a prestar declaración indagatoria, incluso, en una de ellas llegó a poner como excusa que “tenía que ir al dentista, para evitar enfrentar a la jueza Servini de Cubria en la causa en que se investiga las muertes y la represión del 19 y 20 de diciembre y que terminó con su mandato. Lo mismo hizo con la causa en la que se investigaron irregularidades en la concesión de la autopista Arturo Illia durante la gestión del ex mandatario al frente de la Jefatura de Gobierno porteño, y en la que se negó a declarar en más de una citación.

Uno de los casos más polémicos fue el de Ernestina Herrera de Noble, el cual terminó con un jury y la destitución del juez Roberto Marquevich. El magistrado llevaba adelante la causa por supuesta apropiación ilegítima de los hijos adoptivos de la accionista del Grupo Clarín, por lo que la citó a indagatoria. La empresaria no se presentó y el juez ordenó detenerla el 17 de diciembre de 2002. Los miembros del Consejo de la Magistratura votaron su destitución por 7 a 2, y la fundamentaron en que “la arbitrariedad de su decisión tiene razones que sólo su única voluntad puede explicar con motivaciones que escapan a este proceso”, a la vez que mencionaron su “resolución caprichosa”.

“El juez no estableció bases ni elementos específicos para privar de la libertad” a Herrera de Noble, “la imputada tenía 77 años (10 más que Bonafini ahora)” y el juez “debía advertir que la simple citación era un medio razonable”, agregaron.

El más llamativo de los casos es el del banquero estadounidense David Mulford, quien junto con el Domingo Cavallo y Daniel Marx; fueron señalado por la justicia como los ideólogos del Megacanje. Muldorf fue citado a indagatoria por el mismo juez federal que Hebe de Bonafini, pero en ese caso, Marcelo Martínez de Giorgi fue algo más indulgente y le “perdonó” cuatro faltazos a la convocatoria. Recién después de la cuarta ausencia del estadounidense, el juez dio lugar al pedido del fiscal Federico Delgado, y ordenó la captura nacional e internacional el imputado.