Una vez más la abogada hizo un repaso de cómo operan los servicios para ensuciar y armar causas. Esta vez se refirió a cómo un siniestro operar de abogados sirvieron para intervenir en causas para perseguir opositores. Acá el hilo de sus posteos.
Pep - Redacción En Orsai // Jueves 21 de noviembre de 2019 | 10:31





El senador cuestionó en el recinto los dichos del presidente sobre la producción nacional y el plan para "apagar el Estado" cuando se agote el presupuesto.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", un paquete de reformas de Javier Milei que incluye obstáculos para las expropiaciones estatales, mecanismos para agilizar desalojos y la derogación del tope del 15% que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros en cada distrito. El proyecto estaba bloqueado por la impugnación de Manuel Adorni; su salida abrió el camino y Diego Santilli negoció con los gobernadores para garantizar su tratamiento. El Grupo Benetton —ya uno de los mayores productores de lana de oveja del país— y fondos soberanos de países árabes están entre los más interesados en que caiga el límite.
El Gobierno de Javier Milei detuvo su caída en las encuestas y consolida un piso del 42,8% de aprobación, pero el 66% evalúa negativamente la situación económica y el 58% de los hogares está endeudado para cubrir gastos básicos. En ese escenario paradójico, el editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina identifica tres riesgos concretos que amenazan el plan oficialista: un opositor que crece, un aliado internacional que puede perder poder y una guerra interna que ya se dirime con decretos presidenciales.
Desde Sitrarepa advirtieron que cada vez más trabajadores recurren a préstamos otorgados por las propias plataformas para sostener su actividad. Reclaman una regulación estatal y denuncian que el sistema profundiza la precarización laboral.
La denuncia sostiene que el Gobierno de Javier Milei permitió el ingreso de efectivos militares estadounidenses sin la autorización previa del Congreso, una facultad que, según la presentación judicial, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo. El caso abrió un nuevo frente de conflicto institucional y reavivó las críticas por el alineamiento internacional de la administración libertaria.








