Julia Irazoqui, abogada y referente de Hipotecados UVA Nacional en Córdoba, dialogó con Radio Gráfica sobre el panorama de incertidumbre que atraviesan los tomadores de créditos luego de la disparada del dólar. Las cuotas de sus préstamos se indexan por la inflación y además se cobran con débito automático, lo que les permite a los bancos confiscar sueldos de los deudores.

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“Estamos frente a la desesperación absoluta. Lo que pasó el lunes si bien nos asusta, no nos sorprende, lo vivimos en julio de 2018 cuando el dólar pasó de $19 a $39 en un par de días”, expresó la abogada, y agregó que “hay más de 130 mil hipotecados a lo largo y ancho del país, y los coletazos de ésta última devaluación los vamos a sufrir en septiembre y octubre. Estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad, económica y política, para este gobierno no existimos. Nunca se sentaron con nosotros a dialogar una salida”.

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En comunicación con Lautaro Fernández Elem y Leila Bitar, la referente del colectivo de tomadores de créditos UVA, explicó que se han realizado diversas presentaciones ante la justicia desde el año pasado cuando el gobierno de Macri aplicó la primera gran devaluación: “en abril de 2016 cuando empieza este sistema, un UVA valía $14, hoy vale $39,64. La gente paga y el capital nunca baja, es una relación geométrica; si sacaste una cuota por $10 mil, hoy tenés una de $20 mil”.

Desde el Gobierno Nacional se niegan a brindar soluciones o bien, a revisar los términos del acuerdo entre bancos y tenedores, para aliviar la situación de asfixia que sufren quienes hace tres años decidieron ingresar a los créditos con la esperanza de cumplir con el sueño de la vivienda propia. Mientras las entidades financieras son las únicas beneficiadas con el sistema UVA, el estado brilla por su ausencia. En ese sentido la abogada señaló: “el año pasado los bancos tuvieron una ganancia del 121%, me pregunto qué sector productivo ha alcanzado semejante pico de ganancia”.

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El colectivo de Hipotecados UVA denuncia que el gobierno de Cambiemos hizo caso omiso a todos los pedidos de los deudores, y hubo funcionarios que hasta señalaron que los créditos fueron tomados para desarrollar negocios inmobiliarios. “La vivienda única familiar de uso residencial no es un negocio, nadie compró un terreno para hacer un edificio y venderlo. Estamos hablando de derechos con raigambre constitucional que es el acceso a la vivienda digna”, sostuvo la referente de Córdoba.