LA RUTA DEL DINERO "M"

Denuncia: otro alto funcionario PRO que se autopagó contratos por fuera de la ley

Nicolás Morelli, subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa de Horacio Rodríguez Larreta, fue acusado de pagos millonarios desde su puesto a la organización privada a la que perteneció hasta antes de asumir, FECOBA. Fue denunciado y ante la Justicia FECOBA reconoció los pagos aduciendo que eran para “prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de optimizar el desarrollo e implementación de políticas públicas en materia economía“. Otro funcionario que reditúa estando de los dos lados del mostrador.

Denuncia: otro alto funcionario PRO que se autopagó contratos por fuera de la ley

nuestrasvoces.com.ar // Martes 26 de junio de 2018 | 13:17

(Por Franco Mizrahi) Un funcionario macrista vuelve a estar en la mira por denuncias de incompatibilidad y sospechas de defraudación a la administración pública para favorecer a la organización a la que perteneció antes de recalar en el Estado.

Una presentación que se realizó el 16 de abril en la Unidad Fiscal Sudeste porteña apuntó contra Nicolás Morelli, subsecretario de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Ciudad.

De acuerdo a la denuncia que realizó Leo Bilanski, quien preside la Asociación de Empresarios Nacionales, Morelli fue secretario de Hacienda de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA, entidad representativa de las pymes porteñas) y en enero pasado, apenas tres meses después de asumir en la entidad, fue nombrado subsecretario porteño por Horacio Rodríguez Larreta.. El 15 de marzo, dos meses después de acceder al cargo público, Morelli autorizó el pago de $2 millones, de un total de $6 millones, justamente a FECOBA.

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“Existe la sospecha fundada que dichos fondos (de los cuales ya se han efectuado dos pagos a la fecha de esta denuncia; es decir que se han abonado $4 millones) no se apliquen al objetivo referido en la disposición y convenios de la resolución aludida”, añadió Bilanski en su acusación.

Ante este escenario, el empresario porteño denunció al funcionario por violar la Ley de Ética Pública y pidió se investigue la posible comisión de los delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.

Bilanski –que realizó la presentación a título personal- mencionó un requerimiento de la Defensoría 5 ante los juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que pidió información relacionada con irregularidades en la realización de un censo y la capacitación comprometida con los manteros desplazados de Liniers, que –supuestamente- se realizó en FECOBA por un lapso de tres meses. La solicitud del Defensor se enmarca en el reclamo de un grupo de vendedores ambulantes y manteros desalojados que aseguran haber sido excluidos del censo en cuestión.

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Desde FECOBA respondieron a la solicitud y aseguraron “que no realizó censo alguno” porque eso “no es función ni objeto de la Federación”. A su vez, se afirmó que no existe ningún convenio suscripto con el Gobierno de la Ciudad para “brindar capacitación remunerada de tres meses a las personas que desarrollaban actividad comercial en la vía pública en el Barrio de Liniers”. FECOBA, remarcaron en el escrito, “no recibe financiación” del gobierno porteño “con esa finalidad”.

No obstante, sí se reconoció el haber recibido dinero por parte de la subsecretaría en cuestión “en razón de un convenio” suscripto el 8 de marzo “que está circunscripto en un Convenio Marco firmado por la Federación el 30 de agosto de 2016, que tiene el objeto de prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de optimizar el desarrollo e implementación de políticas públicas en materia economía (sic)”. El arreglo marco es previo a la creación de la subsecretaría presidida hoy por Morelli.

De acuerdo al convenio de marzo pasado, indicó FECOBA, se acordó con la subsecretaría el pago de los mentados $6 millones en tres cuotas para “elaborar un análisis y diagnóstico sobre el funcionamiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto”; “brindar asistencia técnica y capacitación” al Gobierno porteño para contribuir al desarrollo de los Centros Comerciales a Cielo Abierto”; colaborar en el “diseño de un plan comercial para cada Centro Comercial”; y “brindar asistencia técnica y capacitaciones a comerciantes”. No se profundizó más. Por ejemplo, sobre cómo se compone la suma girada.

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Morelli, quien habilitó las partidas, llegó a la subsecretaría para reemplazar a Martín Trrubycz quien también se desempeñó con un cargo jerárquico en la entidad empresaria antes de llegar a la función pública. Otro encumbrado dirigente de FECOBA vinculado a Cambiemos es el legislador porteño Christian Bauab (quien actualmente es vicepresidente 3° de la federación pyme).

La subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se creó en 2017 y estaba bajo la órbita del Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología porteño, cartera que se disolvió en el marco de una reestructuración que diseñó el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Actualmente, la dependencia está a cargo de la vicejefatura de gobierno, que comanda Diego Santilli.

La presentación de Bilanski se da en medio de una fuerte disputa en el mundo de la pequeña y mediana empresa, muy golpeado por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.

En abril de 2017, Osvaldo Cornide dejó de ser el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) después de 16 años. Era muy crítico del rumbo económico que tomó el país. Cornide, tras abandonar el cargo recaló en FECOBA, la mentada entidad que nuclea a 166 asociaciones, centros, uniones, cámaras y federaciones del comercio, la industria, el turismo y los servicios de la Ciudad de Buenos Aires y una de las principales federaciones vinculadas a la CAME. Pero la presión política no cesó. Y Cornide también fue desplazado de allí.

Una práctica PRO

Nicolás Morelli no es el primer funcionario macrista en ser denunciado por violar la Ley de Ética Pública y conflicto de interés.

En el gobierno nacional sobran ejemplos de incompatibilidades. Un caso paradigmático es el del ministerio de Energía y Minería, donde se encuentran distintos ex directivos de empresas que hoy se ven beneficiadas por la política energética y es encabezado por el ex CEO de Shell en Argentina y accionista de la petrolera anglo-holandesa, Juan José Aranguren.

Pero también se destaca el caso del vicejefe de gabinete, Mario Quintana. En abril de este año, la mano derecha de Marcos Peña anunció que venderá su participación en la empresa Farmacity, la cual fundó y presidió, con el fin de “evitar un eventual conflicto de interés”. “Fui fundador de Farmacity y presidente de ese directorio durante mucho tiempo; estoy en proceso de venta de mi participación de todo negocio que tenía antes, ya salí de casi todos, y espero antes de fin de año haber salido de Farmacity”, dijo después de estar en la Casa Rosada más de dos años. El caso volvió a ganar notoriedad a fines de este mes luego de que se difundiera por canal 13 la participación decisoria de Quintana en la cadena de farmacias. Fue denunciado penalmente por “conflicto de intereses”.

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A ellos se suma el ministro de Agroindustria, el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Etchevehere, quien llegó a cobrar un polémico bono de $500 mil antes de abandonar la entidad agropecuaria e integrarse al gabinete nacional. Tuvo que devolver el dinero tras el escándalo que provocó la difusión de la noticia. “De esta manera, cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, legalidad y transparencia, priorizando la defensa de lo actuado, convencido de haberlo hecho con absoluta corrección, y la necesidad de destinar mis energías y capacidades a desarrollar el cargo con que fuera honrado, sin distracciones estériles, no sólo en aras del bien de la agroindustria, sino del país y de la sociedad toda”, publicó el ministro tras devolver a regañadientes el bono.

Pero poco debiera sorprender esta dinámica en un gobierno “empresario”.

El propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, buscó favorecer a su familia en el marco del caso Correo, donde la empresa postal del Grupo Macri, Correo Argentino S.A, debe saldar una millonaria deuda con el Estado. El Gobierno había rubricado en 2016 un acuerdo que le condonaba el 98,87% de la deuda a la firma, lo que derivó en otro escándalo y una investigación penal que actualmente sigue su curso en los tribunales federales de Comodoro Py.

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