A partir del trabajo de investigación que comenzó a ser difundido la semana pasada por este medio, y que contará con varios capítulos más, muchos cooperativistas de Argentina Trabaja y beneficiarias del plan Ellas Hacen se comunicaron para informar sobre nuevas irregularidades, dado que sus nombres figuran como financistas de una campaña a la que jamás contribuyeron.

De esta forma, ya se encontraron 467 beneficiarios de planes sociales de todo el conurbano bonaerense (Quilmes, La Plata, San Isidro, San Vicente, Avellaneda, Lomas de Zamora, Temperley, La Matanza entre otros) que solo hasta el momento aparecen aportando unos $1.160.225 cuyo origen ahora se desconoce.

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Sin embargo, lejos de detenerse allí, el escándalo creció todavía más: es que esta semana, luego que el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello decidiera abrir una investigación preliminar por las claras violaciones a la ley de financiamiento partidario que existieron, y, en paralelo, que el juez Casanello recibiera una denuncia penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los diputados Graciela Ocaña y Héctor Toty Flores, y contra los senadores Esteban Bullrich y Gladys González, desde Cambiemos intentaron explicar las severas irregularidades que existieron en el financiamiento de su campaña electoral, aunque terminaron agregando un nuevo ilícito al ya largo listado.

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En diálogo con el diario La Nación, desde Provincia argumentaron que los falsos aportantes “son todos afiliados al PRO”, y según pudo corroborar El Destape, es cierto: el 100% de los casos relevados por este medio resultaron positivos, figurando como “afiliados” a un partido político en la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, es necesario destacar que para que una persona sea afiliada a una agrupación, se requieren dos copias de su documento nacional de identidad, y que complete y firme dos fichas de afiliación: una que queda en el propio partido político, y otra que queda en poder del afiliado, por lo que el PRO debió falsificar las firmas de los 467 involucrados para inscribirlos.

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Es por esto que El Destape decidió relevar azarosamente casos de todos los municipios encontrados, y el resultado fue sorpresivo: el 100% de los consultados reciben planes sociales, figuran como aportantes aunque nunca pusieron un centavo, y además, están “afiliados” en la provincia de Buenos Aires.

Tal es el caso de Delia Isabel Campos, de La Matanza, cuyo documento finaliza en 893, y quien, según los registros obtenidos de la Justicia Electoral, aportó en total $2.000 a las campañas de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich ($500 para cada uno en las PASO y las generales) y se encuentra inscripta como afiliada al PRO. Misma situación ocurre con Rodrigo Ramírez, de San Martín, cuyo DNI termina en 625: teóricamente aportó $2.450 a las campañas de Cambiemos, y también se encuentra registrado como afiliado, aunque nunca completó ninguna ficha.

Lo mismo sucede con Paula Benapres, con DNI terminado en 974, y residencia en Florencio Varela. Paula figura como aportante de $2.400 a las campañas de Ocaña y Bullrich ($600 para cada uno en las PASO y las generales) y también, se supone, es afiliada al PRO. En diálogo con El Destape, Benapres fue taxativa: “Quiero que solucionen esto y que me devuelvan algo tan propio, algo que es tan mío como mi nombre. No puede ser que hagan esto con los que menos tienen”, declaró.

Algo similar también sucedió con Noemi Viera, ex oooperativista de Argentina Trabaja. Viera figura cooperando $1950 a la campaña de Ocaña y Bullrich, y también como afiliada a un partido político. Ante la consulta de El Destape, Viera negó toda vinculación financiera o política con Cambiemos o el PRO, y le pídió en forma directa a Graciela Ocaña "que explique por qué" figura allí "ya que tanto habla de la corrupción y la transparencia".