“Fui fundador de Farmacity y presidente de ese directorio durante mucho tiempo; estoy en proceso de venta de mi participación de todos los negocios que tenía antes con el fin de evitar un posible conflicto de intereses”, señaló la semana pasada el influyente vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, durante el programa de cable de Carlos Pagni. A los pocos días, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen favorable para que la cadena farmacéutica pudiera desembarcar en la provincia de Buenos Aires y desarrollar en ese distrito un negocio multimillonario.

La causa, cuyo desenlace definirá la Corte Suprema, exhibe la dinámica de poder de la Argentina actual. Lobby empresarial, avasallamiento de las instituciones políticas y presión sobre la Justicia, elementos de un caso que involucra un negocio millonario.

La Provincia vs. Farmacity: Derecho a la salud vs libre competencia

Corría el año 2010. Farmacity quiso entonces cruzar la General Paz y abrir un local en el municipio de Pilar. El Ministerio de Salud rechazó entonces la solicitud y dio inicio a una disputa judicial. De acuerdo con la ley provincial 10.606 sancionada en 1987, las farmacias brindan un servicio público, por lo que su funcionamiento debe estar regulado por el Estado. Es decir, el negocio farmacéutico no sigue, en la Provincia de Buenos Aires, una estricta lógica comercial. Como el acceso a los medicamentos no se considera una simple mercancía, el servicio que brindan las farmacias está controlado por las instituciones de gobierno con el fin de atender a las demandas de la comunidad.

La ley permite que haya farmacias de capital privado, pero prohíbe que sean manejadas por sociedades anónimas para desalentar la mercantilización de la salud. Esta manera de abordar el sector farmacéutico chocó con las ambiciones de Farmacity, para quien la negativa de la Provincia inhibe la libre competencia y le impide a los bonaerenses “acceder a un servicio de calidad”.

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Con estos argumentos, que entronizan el derecho a la propiedad privada y la competencia, la cadena farmacéutica planteó entonces la inconstitucionalidad de la ley. El reclamo fue desestimado en primera instancia, en la Cámara y, por último, en la Corte Suprema provincial. Farmacity apeló a su última carta: interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los vientos que soplan en la Justicia

Quien promovió la acción judicial de Farmacity contra la legislación provincial fue Mario Quintana, entonces CEO de la empresa farmacéutica y hoy número dos en Jefatura de Gabinete y parte de la mesa chica de Cambiemos. Para plantear su demanda ante los tribunales, Quintana contrató al estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, uno de cuyos integrantes era el actual miembro de la Corte Suprema propuesto por Mauricio Macri.

Cuando el expediente llegó al máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz se excusó por haber sido un actor parcial de la causa en representación de Farmacity. Más misteriosa fue la excusación de otro juez supremo, Horacio Rosatti, que no hizo público los motivos de su decisión. Así las cosas, la Corte deberá zanjar el conflicto con la firma de tan solo tres magistrados.

Aunque el alto tribunal todavía no se pronunció de forma oficial, la resolución de la semana pasada de la Procuración General es una señal de que los vientos soplan a favor de Farmacity. El procurador interino, Eduardo Casal, que asumió tras el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen no vinculante a favor de que las sociedades anónimas puedan ser titulares de farmacias en Buenos Aires. De este modo, consideró inconstitucional el artículo 14 de la ley 10.606.

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Quintana, la mano detrás del expediente

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que se opone a la expansión de Farmacity, apuntó contra la presión del Gobierno en la Justicia. “El reclamo dejó de ser un tema judicial para volverse político”, señaló su titular, Isabel Reinoso. El apartamiento del juez Rosenkrantz “no alcanza, creemos que podría tener influencia sobre los otros magistrados”, apuntó.

Reinoso considera que Mario Quintana hace lobby y presiona a la Justicia para beneficiar a Farmacity. “Si él no estuviera en el Gobierno, esto no estaría pasando”, remarcó este fin de semana, y agregó: “El dictamen de la Procuración es a la medida de Quintana”.

Quintana es todavía accionista minoritario de la cadena farmacéutica, con un 3% de participación en la empresa, según lo declarado ante la Oficina Anticorrupción. Farmacity, que a fines de 2017 registraba 300 locales ?130 de los cuales estaban concentrados en la Ciudad de Buenos Aires? podría elevar fuertemente su cotización bursátil si la Justicia falla a su favor y le permite desembarcar en el territorio bonaerense. Sería también una buena noticia para Quintana, fundador y aún propietario de parte de la compañía. Fuente: El Pais Digital