El famoso “que se vayan todos” que resonaba en Plaza de Mayo a finales del 2001 bien podría volver a ser aplicado para Macri y sus secuaces

¿Y si los tarifazos se vuelven contra el gobierno del latrocinio, encabezado por Mauricio Macri, como le sucedió al de Fernando De La Rua con el corralito del predador serial Domingo Cavallo? Porque digamos que lo del ministro Juan José Aranguren es la muestra palmaria de lo que de alguna forma esta mañana puntualizo por CN23 el dirigente radical alfonsinista Leopoldo Moreau: “este no es el gobierno de una coalición política, es el gobierno de las corporaciones, que quiere acabar con la política”. Y preguntémonos también cuán lejos está de la inmediatez fáctica la posibilidad de que en torno al Bicentenario de la primera Independencia, una parte importante del pueblo salga a las calles pero no parafestejar, sino a luchar contra el robo sistémico que está sufriendo en manos de Macri y su banda de salteadores.

La protesta social con cacerolazos y la organización en asambleas improvisadas hoy son instrumentos de los sectores para afrontar las medidas del gobierno nacional; como lo fueron en el 2001, cuando la Alianza profundizó el modelo neoliberal del menemismo.

Lejos estamos todavía de aquel escenario que dejó muertos del pueblo en las calles. Sin embargo, los amparos avalados por la Justicia contra los aumentos en las facturas de los servicios, son el freno inicial para el saqueo macrista, sobre todo el fallo de ayer de la Cámara Federal de La Plata, que invalidó la nueva facturación del servicio de gas para todo el país, dejando el caso en manos de la Corte Suprema. ¿Se comprarán Lorenzetti y sus cortesanos un problema que creó Macri, votando contra el sistema de legitimidades establecido por la Constitución Nacional y contra el pueblo?.

Muchos interrogantes por ahora. El famoso “qué se vayan todos” que resonaba en Plaza de Mayo a finales del 2001 bien podría volver a ser aplicado para Macri y sus secuaces, como lo es el ministro de Energía y Minería, Juan Aranguren, aunque no sólo él. Por supuesto que el peligro radica en la imposición de un diseño estratégico que ya rige en Argentina y en toda la región, surgida de las filas intelectuales del neoliberalismo y de las usinas de acción psicológica y mediática que coordinan las embajadas de Estados Unidos en América Latina: que el “qué se vayan todos” sirva para vaciar la política, borrarla del mapa social, la aspiración de máxima de las corporaciones como lo fueron en otro momento histórico la tortura, los golpes cruentos, la desaparición de personas.

Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, la llamada clase media ha sufrido una serie de golpes al bolsillo que poco se asemeja a las conquistas sociales de la última década, producto de las políticas económicas neoliberales que fortalecen el saqueo argentino a través de las empresas.

Una década y media después de aquella crisis, los servicios de gas, energía eléctrica y agua potable, se convierten en la materialización del feroz e inédito ajuste del gobierno macrista contra la clase trabajadora. Pero la resistencia popular mediante la organización social contra los tarifazos empieza a mostrar sus primeros frutos por estos días, pese a que, y paradójicamente (porque la “década ganada” no logró éxitos contundentes en términos de organización y movilización popular – el kirchnerismo como tal no acumuló experiencia colectiva en la protesta y en la lucha callejara, y ese es un déficit de peso toda vez que se entienda al proceso de liberación como un ciclo de largo aliento, con marcha y contramarchas -); paradójicamente se señalaba, en esta etapa los sectores medios que comienzan a movilizarse con tibieza no tienen la referencia que sí tuvieron en 2001, la de la luchas sostenidas por la organizaciones sociales a lo largo de toda la década del ’90.

Esta semana la justicia federal ordenó detener los aumentos de gas en las provincias de Neuquén y Río Negro, que se suman a los amparos ya acatados en Córdoba, Chubut, Mendoza, Jujuy y Salta. Las medidas retrotraen los valores de las facturas al 31 de marzo de este año, y prohíben a las empresas efectuar cortes de servicio en caso de que los usuarios no hayan pagado el aumento.

A su vez, ayer la provincia de Buenos Aires se sumó a esa lista pero con alcance para todo el país, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata dio lugar a una acción colectiva para declarar nulas las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía de Aranguren, que provocaron el aumento desmedido en las tarifas del gas, y de esa manera retrotraer los valores de las facturas a la situación previa a las subas.

Lo mismo ocurrió con la suspensión de tres meses de los aumentos en las boletas de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, lo que se suma a los distintos procesos judiciales efectuados entre principio de junio y julio, en Mendoza, Santa Cruz y Chubut. Asimismo, la magnitud del tarifazo y la recepción judicial de los reclamos hacen crecer la cantidad de amparos y las movilizaciones de pymes, comercios e instituciones sociales en contra de las subas insostenibles.

Y crece el espíritu de protesta popular. El próximo 14 de julio los usuarios convocan a Plaza de Mayo y otras plazas del país a un cacerolazo nacional contra los tarifazos, a través de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC). Sabe que el macrismo presiona a la Corte Suprema contra el fallo platense.

“Se terminó el tema de los aumentos hasta que haya audiencia pública. Si las empresas no cumplen el fallo, harán frente a la desobediencia de los usuarios", afirmó anoche en una entrevista al canal C5N, Osvaldo Bassano, titular de ADDUC.

En el mismo canal, el controvertido pero perspicaz empresario peronista Alberto Samid corrigió al periodista Victor Hugo Morales al señalarle que el no pago de los tarifazos no constituirían casos de desobediencia civil sino que reflejarían una imposibilidad material. “Si usted me orden hacer algo que no puedo hacer, no estoy desobedeciendo, simplemente no puedo hacerlo”, dijo el empresario de la carne, quien es sabedor del carácter represivo contra el pueblo que anida en el gobierno y pretendió desactivar una constatación que, errónea por ingenuidad, puede servir de excusa para desplegar el aparato de violencia del Estado contra las protestas que parecen avecinarse.

Cacerolazos de ayer en Chacarita y otros barrios de la Capital Federal y en distritos del Conurbano bonaerense como Lomas de Zamora, Morón, Berezategui y Caseros; la toma de la empresa Bagsa en Villa Gesell, conforman la antesala de la movilización de la semana próxima y la exposición de la organización de los vecinos en asambleas populares y barriales. Esto fue lo realizado por el Centro Cultural Padre Mugica, de Banfield, durante toda la semana, que además asesoró a los usuarios de los partidos del departamento judicial de Lomas de Zamora sobre los reclamos por tarifas con aumentos desmedidos.

El 19 de diciembre de 2001, De la Rúa decretó el estado de sitio pero eso no pudo detener las protestas populares. Casi 15 años después, el gobierno de Macri ya ha tenido en su contra una histórica movilización del movimiento obrero antes de los primeros seis meses de gestión, y ahora el rechazo multitudinario de la clase media hacia los aumentos tarifarios, respaldados por una serie de fallos judiciales de alcance nacional.

La derecha macrista, expuesta por ministros como Aranguren, que justifica los aumentos del combustible y compra gas a Chile a sobreprecio, muestra la hilacha de un pasado lejano pero presente. Los hombres al poder en la Argentina parecen iguales a aquellos que estafaron al pueblo en sociedad con el poder económico concentrado. Las recetas a aplicar, también son las mismas; igual debería la respuesta del campo popular, al cual debe volver la denominada clase media; proceso complejo que efectivamente necesita de una organización amplia y participativa de conducción, en el contexto de un frente social y político de liberación, como así también de liderazgos que surjan desde abajo, para que ese frente sea el motor en la creación de nuevas y activas mayorías.

Este viernes feriado, el diario Página 12 de hizo eco del malestar creciente. En el artículo “La resistencia se hace oír” afirma: “Vecinos de Chacarita se fueron juntando en Lacroze y Corrientes para expresar su enojo. Las concentraciones en las puertas de las distribuidoras de gas y en las plazas se sucedieron ayer en las localidades bonaerenses de Morón, Ituzaingó, Castelar, Caseros, Junín y San Martín y en el barrio porteño de Chacarita. Días atrás también hubo protestas en Villa Gesell y Río Cuarto. Para el jueves de la semana próxima la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc) convoca a un cacerolazo contra el tarifazo para las 20 en todo el país.

Los usuarios del servicio de gas comenzaron a recibir por estos días las boletas con el aumento, que en algunos casos llega al 2000 por ciento. Ante las dificultades para afrontar esas facturas –que se suman a las de luz y agua, también con valores exorbitantes– surgieron convocatorias a distintas protestas. Las primeras se habían dado en el sur del país, en provincias con alto nivel de consumo de gas por cuestiones climáticas, pero los reclamos se fueron extendiendo por todo el territorio. En la estación de trenes de Federico Lacroze, en Chacarita, se registró una concentración que fue conformándose con gente que bajaba de las formaciones y se iba sumando a las protestas. La manifestación se fue nutriendo de personas que arribaban a la intersección de Lacroze y Corrientes con carteles. Los colectiveros, en una zona de gran concentración de transporte público, hicieron su aporte con bocinazos en contra del tarifazo.

En la localidad bonaerense de Ituzaingo los usuarios se concentraron en la sede de Gas Natural Fenosa, ubicada en Carlos Casares al 900. En los carteles, algunos con las facturas fotocopiadas, denunciaron que recibieron las facturas con aumentos que llegan al 500 por ciento. La misma situación se exhibió con los usuarios de Castelar. En Caseros un grupo de personas se acercó hasta la sucursal de Metrogas y cortó la calle. Entre los reclamos, una jubilada denunció cobrar la mínima -de 4959 pesos- y debe afrontar el pago de una factura de gas de 1400 pesos. “Ni aunque me lo den a pagar en dos veces”, se quejó la señora.

En Junín, cientos de vecinos marcharon desde la sede de la empresa Grupos Servicios Junín hacia la Municipalidad en reclamo por los aumentos en el gas. Fueron unas 500 personas que se movilizaron para reclamar tanto a la prestadora como al gobierno local para que interpongan recursos legales que retrotraigan las subas, que en algunos casos alcanzan a 2000 por ciento. La columna de manifestantes siguió su marcha por la calle Mitre, hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo y continuar la protesta en el Palacio Municipal”.

El panorama que se está constatando amerita, al menos, un atento estado de alerta.

(*) El autor es doctor en Comunicación por la UNLP, profesor titular de Historia del Siglo XX (Cátedra II) en Periodismo de la UNLP, periodista y escritor; director de AgePeBA.