El plan retoma la política de exención a las contribuciones patronales de Domingo Cavallo y además el Estado les transferirá directamente un subsidio proporcional al salario del trabajador

"Hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes”, afirmó Mauricio Macri el lunes por la tarde, al anunciar el proyecto de ley de Primer Empleo Joven.

El plan retoma la política de exención a las contribuciones patronales de Domingo Cavallo y además el Estado les transferirá directamente un subsidio proporcional al salario del trabajador. Será para los empleadores de jóvenes de entre 18 y 24 años durante los primeros tres años de trabajo formal. La idea fue extraída de una propuesta de la UCA de 2012, donde estudió la mayoría del nuevo gabinete.

Si bien aún no se conoce en detalle dado que el proyecto aún no fue enviado al Congreso Nacional, ya despertó polémica. A diferencia de una legislación del gobierno anterior de 2014 que beneficiaba en exclusivo a las PyMEs con dificultades para hacer frente a las cargas laborales, esta medida le es funcional a todo tipo de empresa.

En este sentido, Julia Strada, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostuvo que “esa ley diferenciaba a las empresas entre las pequeñas que lo necesitaban para blanquear empleados y las grandes que tenían empleo informal como resultado de la evasión fiscal”, rescató.

En la experiencia anterior, de 1995, “la reducción de aportes no sirvió para reactivar la economía”, en palabras de Strada y Hernán Lechter. Entre 1993 y 2001, el PBI creció en promedio al 1,4%, por debajo de la década kirchnerista y en valores similares al periodo 1976-2001, donde creció al 1,3%.

Tampoco contribuyó a la generación de empleo. A pesar de que las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% (promedio) en 2000, la tasa de desocupación creció de manera exponencial. Se sumó a esto que desfinanció al Estado, en tanto dejó de recaudar $ 47.939 millones.

“La implementación de este subsidio empresarial constituye otra pieza más de una política de redistribución hacia los nuevos gerentes del Estado, que tiene como contracara la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, el aumento de las tarifas del transporte y la reducción del salario real de los trabajadores y sus familias”, plantearon Strada y Lechter en un informe.

Es que mientras el Plan del Primer empleo ofrece a las empresas un subsidio directo para financiar el salario de sus trabajadores, “los ciudadanos más vulnerables reciben una devolución indirecta del IVA por consumos de la canasta básica con un tope de $ 300”, remataron.

De acuerdo a los miembros de CEPA, “la inversión privada se concreta en la medida en que existe un mercado pujante donde la producción tiene dónde insertarse (hay ‘demanda’)”, y esta fue la teoría económica del kirchnerismo. El mero incentivo a la producción difícilmente se efectivizará si los consumidores pierden poder adquisitivo por la inflación y la suba de las tarifas..