Obtuvieron órdenes de allanamiento y de detención contra las personas investigadas, privándolas ilegalmente de su libertad

Senestrari, acompañado por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación (Procunar), Félix Crous, anunció hoy en conferencia de prensa en los Tribunales Federales de Córdoba el cierre de las actuaciones y el pedido de elevación de juicio de la causa.

La solicitud de enjuiciamiento, que ahora deberá ser resuelto por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, alcanza a los ex policías, en funciones al momento de ser detenidos a fines de 2013, Rafael Sosa, Gustavo González, Alfredo Seine, Franco Argüello, Fabián Peralta Dáttoli y Mario Osorio.

Las imputaciones que alcanzan a los ex efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia son "asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y privación ilegítima de la libertad". El comisario mayor Rafael Sosa, ex titular de dicha dependencia, está sindicado como cabecilla de “la asociación ilícita” al ser quien “ostentaba el grado más alto en la estructura policíaca”.

“De la instrucción surge claramente que Sosa daba las órdenes”, especifica Senestrari en el auto de elevación a juicio, y añade que “son contundentes” las pruebas surgidas durante la etapa de instrucción de la causa.

Entre algunos de los hechos que se adjudican a los policías, bajo las órdenes de Sosa, figuran los sumarios policiales basados en información falsa y la incorporación de agentes encubiertos, como los casos de Juan Francisco Viarnes y de Daniel Córdoba, quienes eran utilizados presuntamente como contactos con narcotraficantes y para ‘plantar’ drogas en operativos policiales.

A ello se suman maniobras extorsivas, a cambio de dinero, para “perjudicar o favorecer” en los procesos judiciales relacionados con drogas, al igual que el cobro de dinero para permitir la venta de estupefacientes en boliches nocturnos.

En la causa también menciona la “sustracción de pertenencias de los investigados, tales como relojes, objetos de oro, cadenas, dinero, etc”, en operativos.

“Esta organización generó informes ideológicamente falsos, manipuló las transcripciones de intervenciones telefónicas a los efectos de ocultar la presencia y la identificación del agente encubierto ilegal y de otras circunstancias de la investigación que pudiera comprometer su responsabilidad; prestaron declaraciones testimoniales falseando la información acerca de las diversas investigaciones realizadas", sostiene el fiscal en el auto de elevación a juicio. Añade que “obtuvieron órdenes de allanamiento y de detención contra las personas investigadas, privándolas ilegalmente de su libertad” mediante “procesos fraudulentos”.

Esta causa, conocida en Córdoba como "narcoescándalo" o "narcopolicías", tomó estado público el año pasado a partir de una investigación periodística y afectó al área de seguridad del Gobierno que administra José Manuel de la Sota.

Entre las derivaciones más importantes, significó las renuncias del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, Ramón Frías, que fueron reemplazados por Alejandra Monteoliva y César Almada, respectivamente, quienes también luego dimitieron.