A principios de mes, el jefe de la cuestionada Policía de Córdoba, comisario Julio César Suárez, defendió un comunicado en el que la fuerza había respaldado a dos agentes que "debieron repeler agresiones de estos chichos, jóvenes delincuentes".

Suárez se refería a Lautaro Torres, de 16 años, muerto el 19 de abril en el barrio Las Palmas: según la Policía, todo sucedió en un episodio en el que la agente Eliana Rinaudo, que no llevaba uniforme, caminaba y el joven armado intentó robarle el celular. No obstante, según la familia del adolescente, él corría por la calle mientras se dirigía a comprar una tarjeta de teléfono cuando la agente le disparó por la espalda.

El jefe policial también aludía a Ezequiel Barraza (20), que cayó muerto a causa de cuatro balazos el 24 de marzo, en el barrio 1º de Mayo, hecho por el cual está imputado un miembro de la división Homicidios de la Policía, Pablo Alvarez.

Barraza fue ultimado cuando Alvarez estaba en un auto, ocasión en la que -según la Policía- fue abordado por dos presuntos asaltantes y se generó un tiroteo entre Alvarez y los supuestos asaltantes, ocasión en la que Barraza cayó malherido y luego murió. En cambio, Lorena Barraza asegura que a su hermano "lo mataron a quemarropa", dado que en el cuerpo había señales "de balazos, en los glúteos, en la espalda, en la ingle y en el abdomen".

El caso más reciente se produjo el lunes de la semana pasada al mediodía, cuando Cristian Guevara (18) fue detenido, presuntamente por un arrebato, y fue trasladado a la comisaría 19, de barrio Los Naranjos, y horas después apareció muerto en una de las celdas, supuestamente ahorcado con una manta, según la Policía, pero los familiares responsabilizan a los agentes del establecimiento.

Violencia institucional

El jueves pasado, el fiscal Carlos Matheu ordenó la detención de dos miembros de la Policía imputados de haber agredido a un joven discapacitado, al confundirlo con manifestantes, durante los incidentes que desataron hace diez días cuando la Legislatura discutía el proyecto de nueva ley ambiental provincial.

Por su parte, durante el fin de semana, la propia Policía informó que decidió desplazar a otras comisarías e iniciarles una investigación administrativa a dos agentes que, en Río Segundo, localidad ubicada a 40 kilómetros de la capital provincial, fueron denunciados por vecinos por concretar allanamientos ilegales.

Asimismo, el 5 de junio, efectivos de la Policía delasotista mantuvieron durante varias horas a 41 personas del barrio San Jorge esposadas en la vía pública, con las caras cubiertas por las capuchas de sus camperas, luego de haberlas detenidas por supuestos delitos o contravenciones.

Objetivo: pobres

Un informe de un grupo de investigación formado por alumnos y docentes de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) revela que la casi totalidad de los operativos "de saturación" que realiza la Policía cordobesa tienen por destinatarias las "villas".

Según la investigación, que se enmarca en un proyecto más amplio sobre "Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas y sociales en la provincia de Córdoba", en lo que va de 2014 "hubo 191 detenidos por mes en razzias y una media de 45 detenidos por operativos conjuntos o simultáneos de la Policía".

Reacción

La asiduidad de hechos similares hizo que, sólo en junio, los días 6 y 19, familiares de víctimas de la Polícía concretaran sendas marchas por la calles de la capital cordobesa para denunciar las políticas represivas del gobierno de José Manuel de la Sota.