El máximo órgano judicial, además de esa inusual concesión, dictaminó en su fallo que no se la debe considerar en mora.

La deuda de La Nación con el fisco se calcula en 280 millones de pesos, y la cautelar que la Corte con esta decisión decide reponer ya tiene 11 años, cuando fue el mismo máximo tribunal el que en 2010 –en la discusión de la ley de Medios- alertó que las medidas cautelares no debían extenderse en el tiempo.

La Corte llega al insólito argumento que si La Nación pagara esa deuda al fisco podría desaparecer y “está en riesgo la libertad de expresión”, y califica a la política fiscal nacional como “irrazonable” y “discriminatoria”.

La demanda fue promovida por un grupo de medios cuando perdieron vigencia los beneficios –otorgados por decreto en medio de la crisis de 2001– que les permitían computar las contribuciones patronales como impuestos. Desde entonces reclaman, como cuestión de fondo, un régimen diferencial del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La Corte benefició al diario La Nación, de una envergadura empresarial, económica y financiera muy superior a la mayoría del resto de diarios integrantes de la demanda, luego de revocar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había dejado sin efecto la medida cautelar, con los votos positivos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, mientras que Elena Highton lo hizo en disidencia y Raúl Zaffaroni no firmó el fallo.

Para disimular el privilegio hacia La Nación, la Corte Suprema pidió que se resuelva “con celeridad y en forma urgente la cuestión de fondo”.

Cuando la cautelar de La Nación y compañía iba a cumplir diez años, el periodista Horacio Verbitsky recordó que el origen de toda esta discusión se remonta a los acuerdos de competitividad del año 2001. El ingreso al acuerdo requería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios, que La Nación y otros medios incumplieron. En marzo de 2003 un decreto de Eduardo Duhalde derogó las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los sectores excepto para los medios, a los que les dio cuatro meses más, hasta que el Poder Ejecutivo pudiera “encontrar una solución alternativa”.

En su momento, otros medios periodísticos decidieron desistir de la demanda contra el Estado nacional y regularizaron su situación fiscal a través de planes de pagos, canjes de deuda por publicidad, descuentos, y otros mecanismos.

La Nación decidió seguir adelante con su negación a pagar lo que debe, que la AFIP estima en 280 millones de pesos. Otros medios beneficiados por la decisión de la Corte son la editorial Perfil, que debe 23 millones de pesos, y el diario El Litoral de Santa Fe, que adeuda 26 millones.

Clarín, una de las empresas periodísticas que regularizó su situación años atrás, festejó la decisión de la Corte Suprema de ayer, asegurando que el tribunal “puso un límite al avance del Gobierno sobre los medios”.