La causa recayó sobre el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien habilitó la feria para tratar la denuncia. El magistrado ordenó una medida de prueba que complica al fiscal procesado Carlos Stornelli porque es de esperar que exponga su maniobra en Comodoro Py para cerrar abruptamente una denuncia de similares características que incomodaba a Rosatti, el macrismo y sus aliados, en un claro ejemplo de «justicia a la carta«.

Ramos Padilla conoce las artimañas de Stornelli: cuando era juez federal de Dolores fue quien lo procesó en el marco del D’Alessiogate, luego de llamarlo a indagatoria casi una decena de veces. El fiscal se refugió en sus fueros y esquivó la citación una y otra vez.

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Según la segunda filtración de chats adjudicados al funcionario porteño, D’Alessandro y Robles intercambiaban mensajes sobre dos casos que tenía la Corte e interesaban al macrismo: la coparticipación de CABA y la conformación del Consejo de la Magistratura tras la toma por asalto que hizo el Tribunal Supremo. Esta filtración provocó diversas denuncias penales.

Dos de ellas, que parecieron hechas para ser descartadas, se cerraron en Comodoro Py a instancias del fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli, quien no le dio impulso penal a la acusación.

Tengamos en cuenta que una de esas denuncias archivadas la presentó el abogado Gastón Marano, exasesor de un senador del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia y defensor de Gabriel Carrizo, procesado y detenido por el intento de homicidio a Cristina Kirchner.

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Ramos Padilla solicitó “una amplia certificación” para evaluar la existencia de otras causas con idéntico objeto procesal al denunciado por el gobernador bonaerense. En la misma línea, pidió “un amplio relevamiento de la información periodística” que se dio sobre el tema.

Esta medida puede arrojar como resultado una cronología que muestre que Stornelli y el juez Sebastián Ramos no actuaron correctamente y se apuraron en cerrar el caso cuando había otras causas en trámite de similares características y que se habían iniciado con anterioridad a la de Marano.

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Es de esperar que la certificación que solicitó Ramos Padilla exponga que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue el primero en denunciar a Robles y D’Alessandro, el 2 de enero. Es decir, que ya había una investigación en curso cuando el dúo Stornelli y Ramos tomaron la denuncia del abogado de Carrizo.

Sin ir más lejos, la denuncia de Marano se hizo un día después de que Zamora tuitee sobre su acusación contra Robles. El expediente que se abrió por la denuncia del gobernador de Santiago del Estero estaba en manos del juez Guillermo Molinari, quien intimó a Robles a entregar su celular. No obstante, si bien el magistrado defendió la medida luego se declaró incompetente y envió el expediente a Comodoro Py.

La denuncia que hizo el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela contra D’Alessandro y Robles también fue previa a que la denuncia de Marano fuera asignada al juzgado que subrogaba Ramos. Quintela tuiteó sobre su acusación el 5 de enero y la denuncia de Marano tuvo un cambio de asignación de juzgado el 6 de enero. Aquel día quedó adjudicada al juzgado federal Nº 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti pero que durante la feria subrogaba Ramos.

El juez y fiscal con asiento en Comodoro Py tendrían que, por ejemplo, haber pedido la certificación de expedientes –como está haciendo Ramos Padilla– y luego la inhibición de los otros jueces que estaban interviniendo en casos similares si es que pretendían resolver siguiendo la ley.