Desde el Estado provincial no se arrimaron ni para preguntarme cómo ando

Ramiro Farrer, dueño del negocio CarMusic –que fue robado y destruido– dijo que aún espera por un préstamo del Banco de Córdoba.

"A dos días del saqueo, De La Sota anunció ayudas para quienes cumplieran con ciertos requisitos. Yo presenté todo en tiempo y forma a la Fundación Banco de Córdoba pero no obtengo respuesta", dijo Ferrer a Cadena 3.

"La semana pasada llamé y la secretaria me dijo que mi crédito está listo, pero que la Fundación está abocada a las inundaciones del norte del país y que el tema de los saqueos se ha dado por terminado", narró.

"En diciembre nos devastaron, nos lastimaron en todo nivel. No obstante, yo seguí apostando por esta provincia, creí en el gobernador, reabrí por sus promesas y ahora tengo más deudas que antes", reclamó.

Por su parte, Rubén López reinaugurará - sin ningún tipo de asistencia por parte de la Provincia- el lunes Casa D’Todo, la ferretería saqueada e incendiada durante las caóticas jornadas del 3 y 4 de diciembre pasados, según le comentó a La Voz del Interior.

“A casi 8 meses de aquellos sucesos, con muchísimo esfuerzo, trabajo y terrible ayuda (no del gobierno provincial), logramos nuestro objetivo, volver a hacer lo que siempre hicimos y sabemos: trabajar”, aseveró López.

“Desde el Estado provincial no se arrimaron ni para preguntarme cómo ando. Mi mujer estuvo con ataques de pánico y mis chicos necesitan ayuda terapéutica; fue un trauma muy grande el que vivimos. Eso no nos lo devuelve nadie, la paz. Yo llevé cartas personalmente al Centro Cívico y nunca me atendieron”, dijo el comerciante, quien explicó que no se anotó para recibir los créditos de la Fundación del Banco de Córdoba “porque eran 200 mil pesos, firmando sin protesto”.

Como López, varios comerciantes alertaron que el gobierno de De la Sota condicionaba la ayuda a que la gente renunciara a demandar judicialmente al Estado.

Dos semanas después de los saqueos, un comerciante de ropa que perdió 700 mil pesos por los destrozos y robos presentó una demanda civil contra el Estado provincial, mientras que otros propietarios de comercios hicieron reclamos judiciales exigiendo la restitución de lo que se recuperó en diferentes allanamientos que llevó a cabo la Policía de Córdoba.