El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, se negó a responder al menos cinco pedidos de informes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Nacional, y se excusó en las supuestas complicaciones operativas que provocó la pandemia del coronavirus y reclamó más plazo para responder.

Según pudo saber Ámbito, el 28 de julio pasado Casal envió una carta al titular de la Comisión, el diputado rionegrino del FdT Martín Doñate, donde expone sus argumentos para evitar el cumplimiento de los pedidos de informe, que habían sido presentados 10 días antes.

“No puede pasar desapercibido que la política sanitaria adoptada por el Gobierno Nacional, tendiente a la protección de los habitantes debe ser tenida en cuenta para todo curso de acción que se disponga”, dijo Casal al justificar su silencio.

Tras recordar la declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y las medidas que recomendó la OMS a los países para evitar la propagación de la pandemia, el procurador interino remarcó no puede responder porque le aconsejaron que “las dependencias que integran este MPF eviten los contactos estrechos y que se priorice el uso de los medios tecnológicos disponibles para dar cumplimiento a sus funciones”, lo que lo imposibilitaría para responder los pedidos de informe de los legisladores nacionales.

La diputada porteña Vanesa Siley le exigió la nómina completa de los magistrados en funciones que se encuentren sometidos a régimen disciplinario alguno y que detalle el estado de las actuaciones en trámite ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.

La senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun solicitó que remita a la Comisión la información correspondiente a las ejecuciones presupuestarias de su cartera del 2018 y 2019.

La senadora correntina Ana Claudia Almirón pidió toda la documentación vinculada a nombramientos, traslados, reemplazos y desplazamientos de fiscales, tanto titulares como subrogantes.

La senadora tucumana Silvia Beatriz Elías de Pérez reclamó datos sobre los protocolos de actuación en incautaciones de droga en el marco de investigaciones y procedimientos judiciales y una explicación a la situación de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán.

En su nota a Doñate, Casal dijo que las licencias a los mayores de 60 años y personas de riesgo, la necesidad de “coordinar” las acciones tendientes a prevenir la propagación de la enfermedad, las inasistencias de funcionarios con hijos menores, la escasez de transporte público para desplazarse y la exención de concurrencia a sus lugares de trabajo imposibilitaron dar respuesta a los requerimientos de diputados y senadores.

“La protección de la población también ha regido la actuación de este Ministerio Público en sus funciones de velar por la buena administración de justicia”, señaló Casal, y le rogó a los legisladores que sepan “comprender las dificultades que, en este contexto, implica cumplir con lo requerido”.

En ese marco, indicó que el plazo de 10 días corridos que estableció la Comisión para responder es “sumamente exiguo” y solicitó que se le “otorgue un plazo adecuado para poder brindar la información que es requerida”.

“Ello sin perjuicio, claro está, de mi clara voluntad de brindar toda la colaboración que corresponda a los fines del cumplimiento de las funciones de esa Comisión”, concluyó.