En el Senado bonaerense, el macrismo impuso su mayoría y la Comisión de Asuntos Constituciones aprobó varios pliegos, entre los cuales se encuentra un integrante del Tribunal de Casación Penal, una pieza clave para el poder judicial de la provincia. Todo en medio de un contexto electoral.

Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal presiona a su tropa para que salga ese pliego antes de diciembre, cuando ella dejará casi con seguridad su mandato. ¿Por qué tanto apuro? La principal sospecha es que ponga a jueces muy cercanos su fuerza política.

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Como era de esperar, la oposición no acompañó ningunos de los dictámenes que por mayoría impusieron los senadores de Cambiemos en el cierre del período legislativo, algo que siempre despierta especulaciones y que muchos consideran “escandaloso”.

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De hecho, la oposición, específicamente, reclamó los antecedentes de Francisco Pont Verges, propuesto para juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense, uno de los ámbitos judiciales más importante que tiene la provincia en la materia. Como se ve, Vidal desarrolla un republicanismo a la carta: las instituciones son buenas siempre que me convengan.