El sindicato de los trabajadores de Vialidad Nacional denunció a Javier Iguacel por presuntas irregularidades en ajustes de obra pública que favorecieron de manera indebida a la constructora Iecsa, que perteneció a la familia Macri.

La presentación la hizo el sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que encabeza Graciela Aleñá, y quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, con intervención del fiscal Jorge Di Lello.

"Por una extensión de camino menor, ahora se debe ejecutar una obra técnicamente distinta a la licitada, permitiéndole de esta manera la integración de nuevos ítems de obra a precios muy superiores a los originalmente pactados, convirtiendo un 120% más caro el contrato", indicó el gremio en la denuncia, que apunta a los contratos para la construcción de la Autovía Pilar-Pergamino (Ruta Nacional 8).

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"La base del contrato original de esa obra se modificó. Al modificarse la base, la realidad es que se tiene que hacer un nuevo llamado a licitación y ese llamado no se hizo. Se modificaron los ítems, los precios y se están haciendo menos kilómetros de lo que se tenían que hacer y la obra está más cara", enfatizó Aleñá.

El escrito presentado en la justicia cuestiona los procesos de ajuste de contrato realizados bajo la gestión de Iguacel en la licitación del Tramo II B correspondiente al arroyo de Giles y el puente sobre Arroyo Gómez. Según consta en la denuncia, solo tres de los nueve tramos de la obra lograron aprobar modificaciones en el contrato: el Tramo IB, ejecutado por Chediack SA, que tuvo un ajuste del 45%; el Tramo III, a cargo de Vialmani SA, logró un incremento del presupuesto del 45%; mientras que Iecsa/Sacde obtuvo para el Tramo II B un ajuste del 120%.

"Son diferencias muy marcadas y notorias, que perjudican a la repartición también porque con esos fondos se podría haber hecho más mantenimiento de rutas, ya que hoy prácticamente los compañeros no están saliendo a hacerlo", agregó la sindicalista.

"Hoy están comprometidos más de 16 mil millones del presupuesto de Vialidad Nacional por deuda con las empresas, tenemos casi 100 obras paralizadas o neutralizadas y nuestra gente no va a poder salir ni siquiera a cortar el pasto.

Por todo esto, nosotros consideramos que la denuncia debe apresurarse y tomarse medidas urgentes", finalizó la titular del gremio.

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