(Por: @sebalacunza) A fines de diciembre de 2017, me contacté para una nota con Prensa de la Anticorrupción. Me respondió una encargada de prensa que no formaba parte del personal de la OA sino que era coordinadora de la consultora Consuasor.

Hasta ahí, llamativo que un funcionario público contratara a una consultora para hacer prensa. Los funcionarios tienen empleados públicos o contratados para esa tarea.

¿Quién estaba detrás de Consuasor?

Consuasor pertenecía a tres asesores del Pro. Cuando Macri asumió la Presidencia, uno de ellos pasó a ser subsecretario de Comunicación y los otros dos inscribieron a la consultora como SRL. 28/12/2015. 18 días después de la asunción de Cambiemos.

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Uno de los socios, Facundo Sosa Liprandi, formaba parte de la mesa chica de Alonso. Personal de línea y contratado de la OA recibía instrucciones de Sosa Liprandi.

Resultó que Consuasor también hacía lobbying para empresas. Sus servicios explícitos incluían generar consenso entre funcionarios y anticipar información de decisiones del gobierno. La ley de Ética prohíbe que contratados del Estado trabajen de los dos lados del mostrador.

Hasta acá: una contratación forzada de una consultora Pro que además cabildeaba. Una paradoja: para comunicarme con Alonso debía pasar antes por Consuasor. Obviedad: cero respuesta. Escribí una primera nota el 22 de enero.

Al día siguiente, Alonso habló sobre sus logros en Radio Mitre, pero no hizo mención al tema ni fue preguntada al respecto.

La trama era mayor de lo que parecía. El vínculo de Alonso con Consuasor era uno entre varios: Triaca, Bergman, Federico Pinedo y Julio Martínez (Defensa) más Urtubey en Salta le habían extendido contratos similares. Escribí una segunda nota.

La información empezó a fluir pero no en la oficina de Alonso. El 19 de enero, presenté un pedido de información para saber detalles del contrato de la OA con Consuasor: plazos, montos, tareas, razones.

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Alonso respondió recién el 2 de marzo — fuera del plazo legal — que la OA no registraba ningún contrato con Consuasor. Sin embargo, personal de Consuasor actuaba en nombre de la Oficina Anticorrupción.

Segundo pedido de información para saber si los socios de Consuasor Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, o la coordinadora Belén Alcacer estaban contratados por la OA a título personal. Alonso apelaría a un recurso insólito.

La OA esgrimió por nota que la información solicitada vulneraría la ley de Datos Personales. Ninguna otra oficina estatal había puesto tanto empeño en ocultar la contratación. Si los funcionarios ocultan o mienten sobre una información que debería ser pública, cometen un delito.

Finalmente, el 7 de mayo pasado, Alonso concedió: los dos socios de Consuasor, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, tenían contratos para 2018 por $82.000 mensuales, 990.000 anuales.

La semana pasada me informaron que Alonso y Triaca dieron de baja a los contratos de todos los integrantes de Consuasor. Antes lo habían hecho Defensa y Medio Ambiente. Hubo una excepción.

Mientras tanto, Consuasor borró su sitio de la web.

Federico Pinedo, quien mejor y de más larga data conoce a los miembros de Consuasor, cambió el contrato A2 por $70.000 con Sosa Liprandi por dos de $35.000 de locación de servicios; uno para Sosa Liprandi y el otro para Giúdice. Los contratos no figuran en la web del Senado.

El nombre oficial de la oficina de Alonso es Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.