La decisión implica incumplir el compromiso de transparentar el sistema de utilización de fondos reservados asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El gobierno de Mauricio Macri eliminó la obligación de registrar los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el uso que se les da. El argumento del decreto 656/2016: “agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la asociación civil Memoria Activa expresaron su “preocupación” en una carta al jefe de gabinete Marcos Peña, en la que advierten al gobierno que la decisión implica incumplir el compromiso de “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados” asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA, en la que el dinero público fue usado para sobornar testigos e imputados y encubrir a los autores.

Ambas organizaciones solicitaron, además de una audiencia con el jefe de gabinete, que el gobierno informe los detalles de la nueva reforma, cuál será la política de publicidad y secreto de las actividades de inteligencia y cómo se cumplirá el compromiso asumido en 2005.

El secreto y la discrecionalidad reinaron hasta principios de 2015, cuando el Congreso, a partir de un proyecto impulsado por la presidenta Cristina Kirchner, sancionó la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional. La ley 27.126 estipuló en sus artículos 18 y 19 que los organismos de ese sistema debían establecer “los procedimientos necesarios para la adecuada rendición” de los fondos de carácter reservado, preservando la documentación respaldatoria que sea posible.

Luego, el decreto 1311/2015 sancionó el “Régimen de Administración de la AFI”, que definió qué gastos debían clasificarse como “públicos” y cuales podían mantenerse sujetos a una clasificación de seguridad.

Así, el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, concentrará aún más poder. Amigo íntimo de Macri, Arribas la cara visible de un grupo dedicado a la compra de jugadores. Fue socio de la empresa HAZ, por las iniciales de  Fernando Hidalgo (ex socio de Gustavo Mascardi), Arribas y el israelí Pinhas Zahavi, desde la que cerró acuerdos con inversores rusos y con el grupo MSI, del magnate iraní Kia Joorabchian.

Con Macri en la presidencia de Boca, el grupo de Arribas fue intermediario en el cuestionado pase de Carlos Tevez al Corinthians en 2005. Tras declaraciones contradictorias sobre cuál había sido el monto real de la venta, la Unidad de Información Financiera trató de determinar si hubo evasión de impuestos o lavado de dinero proveniente de la mafia rusa.