Córdoba aparece en dos casos de corrupción que por estos días sacuden al continente: la “Operación Lava Jato”, que acorrala al gobierno de Dilma y mantiene en prisión a zares de la construcción y el petróleo, y “La Línea”, en Guatemala, que acaba de cobrarse la presidencia de Otto Pérez Molina, detenido desde el jueves.

Lava Jato es la mayor investigación por corrupción en la historia de Brasil; y en el extenso laberinto del dinero, uno de sus pasillos pasa por Córdoba: el 5 de diciembre de 2014, a través de O Globo, se conoció que Alberto Youssef, un lavador de dinero que canalizaba pagos del club de la obra pública de Brasil a importantes políticos de ese país, tenía en su oficina una lista con 747 obras por las que la constructora Odebrecht y sus subsidiarias debían pagar “propinas”, como le llaman en Brasil a los sobornos.

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Entre las listadas por Youssef –quien está detenido desde marzo de 2014, transformándose en “arrepentido”– aparecían los gasoductos troncales prometidos por Juan Schiaretti en su primer mandato, una obra de 257 millones de dólares que iban a ser prestados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil

La obra se cayó, pero quedó en el papel de Youssef el compromiso de pago de “propinas”, aunque sus beneficiarios no estaban detallados; apenas se leía: Luis Leandro y 28 millones de dólares.

De la licitación en Córdoba participaron dos UTE (empresas asociadas): la ganadora estaba integrada por la brasileña Andrade Gutiérrez (su presidente, Otávio Azevedo, está preso), Iecsa y Britos S.A, esta última con Horacio Miró como socio mayoritario. Britos S.A., finalmente, se bajó de la sociedad luego de que la obra fuera adjudicada por el Gobierno provincial.

En la otra UTE, la perdedora de la licitación por los gasoductos, estaban la brasileña OAS (cuyo presidente, José Aldemario Pinheiro Filho, fue detenido en la Operación Lava Jato) y la cordobesa Electroingeniería.

OAS, Andrade Gutiérrez y Odebrecht son los socios principales del club de la obra pública en Brasil. En palabras de Carlos dos Santos, fiscal de Lava Jato: “Existen indicios concretos de que las dos firmas (Andrade Gutiérrez y Odebrecht) tenían dominio de todo”, al referirse a la red de sobornos por un monto estimado de 2.600 millones de dólares.

La ejecución de los gasoductos no se concretó, y De la Sota la dio por desmantelada en agosto del año pasado, ante la falta de los avales del Gobierno nacional para el préstamo del banco brasileño.

El juez federal brasileño Sergio Moro no sacó a los gasoductos cordobeses de la trama criminal que incluye sobreprecios y sobornos.

Guatepeor

En mayo de 2013, Hermann Karsten informó que técnicos de Kolektor, la empresa que recauda en Córdoba impuestos y multas de la Caminera, había hecho cabeza de playa en Guatemala, con el plan de quedarse con la administración tributaria del país centroamericano. Karsten y técnicos de Kolektor habrían viajado 13 veces a Guatemala, negociando la tercerización.

En la trama de “La Línea”, Carlos Muñoz Roldán –titular del Sistema de Administración Tributaria guatemalteco– era quien a cambio del 5 por ciento “no veía” lo que ocurría en los puestos aduaneros, recaudación que alimentaba a los más altos funcionarios del país. Con él Karsten habría negociado el desembarco de Kolektor.

El diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció en junio del año pasado que la negociación entre Kolektor y el gobierno guatemalteco buscaba saltear un proceso de licitación, para entregar el negocio de la persecución de morosos a Karsten y asociados; todo por la “módica” suma de 35 millones de dólares anuales.

En junio de 2014, quien fue presidente hasta el miércoles, Otto Pérez destituyó a los miembros del directorio de la SAT que se oponían a esa tercerización.

En diciembre del año pasado, cuando se conocieron los videos en los que Karsten ofrecía dinero al programa ADN para “cubrir” a Horacio Miró, hubo un escándalo político en aquel país. Pero las cartas ya estaban echadas.

En mayo de 2014, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pidió las primeras detenciones de los funcionarios aduaneros que integraban “La Línea”. Un año después, la vicepresidente Roxana Baldetti renunció y fue detenida a los pocos días. El miércoles último, el Congreso le quitó la inmunidad a Otto Pérez, quien renunció el jueves a la Presidencia y quedó detenido, tapado de escuchas que lo ubican en la punta de “La Línea” telefónica por la que se negociaban los sobornos.