Ante el consenso despertado por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, el diario Perfil ensaya una suerte de crítica que pone en voz de supuestos magistrados y fiscales. Según el bisemanal, ya hubo reuniones tremendas, trazado de estrategias, pujas de poderes, y posibles pases de factura.

Todo ello en la voz de personajes que nunca se ven, de pruebas que nunca aparecen, y de conversaciones que escucharon cronistas del medio, pero que no dicen ni cuando, ni cómo, ni entre quienes.

El mayor argumento es que los jueces se quedarían con menos poder si se aprueba el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional. Y le indilgan a “jueces” estar muy enojados por ello.

Incluso, utilizando el manual del agorero, indican que todo esto podría complicar más la situación del vicepresidente Amado Boudou.

Es que, esos “jueces (…) especulan con que la represalia podría consistir en la aceleración de causas en contra de funcionarios del Gobierno, entre los cuales Amado Boudou y Ricardo Jaime aparecen como los más complicados. En las tertulias judiciales no se descarta que en los próximos meses pueda aparecer un pedido de prisión”.

Es difícil no detenerse a pensar en esas “tertulias judiciales”. Quiénes  asistirán, dónde se realizan, qué cosas se hablan allí, ¿se debe asistir con disfraz?

El diario indica que “los jueces” temen perder el control de las causas, pero ese argumento  es de fácil respuesta, ya que el código modificado comenzará a regir para causas nuevas y se pondrá en marcha lentamente y con el correr del tiempo, una vez que sea aprobado, si es que esa es su suerte.

Quiere decir que los “jueces” preocupados, no tendrán problema con las causas que llevan adelante. Incluido Boudou.

“Según pudo averiguar Perfil, ya hubo reuniones entre magistrados en las que intercambiaron duros conceptos sobre la reforma y dejaron entrever que los cruces con el Gobierno se pueden profundizar”, escribieron en el diario y agregaron que “entre los fiscales, que obtendrían más poder con el cambio del sistema inquisitorio a uno acusatorio, también surgieron voces de alerta”.

Claro que, desde el periódico de Jorge Fontevecchia, no pudieron evitar decir que el proyecto despierta todos estos supuestos enojos, “a pesar de que su esencia tiene amplio consenso”. No obstante, “promete generar más ruido en Comodoro Py”.

Lo que les preocupa a los fiscales de Perfil es que “aumente la discrecionalidad de la procuradora Alejandra Gils Carbó y quedar expuestos a mayores presiones del poder político”.

Otro argumento, que desde el bisemanario sueltan para quienes estén tomando nota sobre cómo oponerse. En esa frase publicada, no indican que la procuradora podría tener discrecionalidad, dan por hecho que ya la tiene, todo lo que podría pasar es que aumente.

El proyecto, hasta donde se sabe, establece normas muy claras sobre el funcionamiento de las fiscalías de investigación, sus plazos y sus funciones. En la actualidad, la discrecionalidad podría ser mayor a falta de normativa.

Otro de los argumentos, al que sólo Perfil arribó es que, a causa del proyecto de reforma del Código, ingresarían a la Justicia  (con la creación de 17 nuevas fiscalías) 1.713 -exactamente- “soldados del Gobierno”. No aclararon si irían con pecheras de La Cámpora, ropa de fajina, o se camuflarían entre los civiles.

Pero para Perfil no todo es miedo, ya que según publicó hay “otros fiscales y jueces que creen que quienes critican el proyecto temen perder el poder de control de las causas”.

En ese contexto destaca que, aquellos que temen perder el poder, ya no podrán “manejar los tiempos de la investigación, resucitar una causa olvidada contra un político o someterlo a una larga instrucción”. El dato curioso es que Perfil menciona estas supuestas incapacidades como prohibitivas del proceso, sin advertir que esa manipulación de la justicia que defiende, están lejos del debido proceso. Salvo que “someter” a alguien a un “largo proceso” sea parte de hacer justicia.

El diario también se opone a que alguien sea investigado “sólo” por tres años. Según dice, hay “otros jueces” que “critican sobre todo los nuevos tiempos que el Código les exigirá a los funcionarios judiciales. Si el Código limita a tres años el tiempo que pueda durar una causa, se preguntan qué harán en los casos de necesitar exhortos del exterior, que tienen como mínimo una espera de seis meses”.

Suponiendo que este fuera un problema procesal, y dado que no modifica en nada la cuestión de fondo, seguramente esos “otros jueces” encontrarán una voz parlamentaria que los represente para hacer una salvedad en el articulado de la reforma.

Al parecer Perfil encontró “en el Ministerio Público” fiscales que temen porque “la reforma les exigirá mucho más, y si no cumplen con las normas serán sancionados. Muchos fiscales temen que eso se utilice para presionarlos”.

Pero los fiscales y los jueces no son los únicos enojados con el proyecto. La policía, (tantas veces vinculada al gatillo fácil, recontra sospechada de plantar evidencia, etc); la Gendarmería (la misma que se acuarteló el año pasado); y la Prefectura, también estarían enojadas.

El motivo es que les quitan poder de instrucción y de investigación, que pasará a manos civiles en la fiscalía.

Lo interesante de la crítica es que poco tiene que ver con la justicia, ya que habla de jueces y discales con miedo, pérdida de poder, temor a mas responsabilidades. Todas cuestiones que se solucionarían con un buen diván. Sobre la columna vertebral del proyecto parece no haber críticas.

Pero no faltará quien tome nota de todo lo que Perfil escuchó en las “tertulias” y desde allí se oponga, con frivolidades aparentes, a un proyecto que tiende a volver más justa a la justicia.