RECHAZO DEL FEMINISMO

Proyecto para regular la prostitución, con apoyo del sindicato de meretrices

El gremio AMMAR impulsa en la Ciudad de Buenos Aires un proyecto para legalizar prostíbulos, a pesar del rechazo de sectores del feminismo que sostienen que "ninguna mujer nace para puta". Lo hace junto a la legisladora kirchnerista María Rachid. Buscan distinguir la trata de la prostitución.

Proyecto para regular la prostitución, con apoyo del sindicato de meretrices

Andrés Brown - Redacción En Orsai // Miercoles 24 de septiembre de 2014 | 11:51

Desde hace mucho tiempo venimos luchando con las compañeras para que nuestro trabajo sea regulado, tenga un marco legal como cualquier otro y por supuesto, no se nos criminalice

 

La polémica no es nueva, pero en los últimos años viene abriéndose un debate más frontal. Junto a una creciente campaña contra la trata de personas, que incluye en gran medida la explotación sexual de mujeres y menores de edad, el sindicato de meretrices afirma su derecho a trabajar en condiciones dignas.
La distinción es clara en términos analíticos, pero se torna difusa en la realidad. ¿Es lícito que una mujer adulta elija como modo de vida cambiar sexo por dinero? Entre una posición feminista que afirma que “la profesión más antigua del mundo” es de indignidad humana de por sí, y una posición libertaria de habilitar todo comportamiento individual, existen las trabajadoras sexuales que buscan condiciones de salubridad, respeto y no criminalización.
En este sentido, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires María Rachid busca habilitar casas donde se brindan “servicios sexuales”. La iniciativa diferencia la actividad “voluntaria” de delitos como la explotación de personas. La presentación del proyecto, no casualmente, se hizo ayer, en el Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas.
Rachid es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura y secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad, y presentó el proyecto con el apoyo de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), titulado “Ley de Habilitación de Establecimientos donde se Brindan Servicios Sexuales”, norma que permitirá habilitar los centros donde se ejerce la prostitución de manera libre y voluntaria.
“Desde hace mucho tiempo venimos luchando con las compañeras para que nuestro trabajo sea regulado, tenga un marco legal como cualquier otro y por supuesto, no se nos criminalice”, sostuvo la secretaria General de AMMAR, Georgina Orellano. Además, aclaró que la norma mantiene “la prohibición de la explotación sexual, o que un tercero se quede con algún porcentaje de nuestras ganancias”.
Para poder ejercer su tarea, según la ley propuesta, las trabajadoras deberán registrarse mediante un trámite que será personal “conforme lo determine la ley” y bajo los requisitos de “ser mayor de edad” y de asistir de manera obligatoria a un “curso gratuito brindado” por el organismo correspondiente, el cual tendrá “contenidos relativos a nociones básicas sobre: derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral, y derecho penal, contravencional y de faltas” y con información relativa a “prevención de adicciones, salud sexual y enfermedades de transmisión sexual”.

La polémica no es nueva, pero en los últimos años viene abriéndose un debate más frontal. Junto a una creciente campaña contra la trata de personas, que incluye en gran medida la explotación sexual de mujeres y menores de edad, el sindicato de meretrices afirma su derecho a trabajar en condiciones dignas.

La distinción es clara en términos analíticos, pero se torna difusa en la realidad. ¿Es lícito que una mujer adulta elija como modo de vida cambiar sexo por dinero? Entre una posición feminista que afirma que “la profesión más antigua del mundo” es de indignidad humana de por sí, y una posición libertaria de habilitar todo comportamiento individual, existen las trabajadoras sexuales que buscan condiciones de salubridad, respeto y no criminalización.

En este sentido, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires María Rachid busca habilitar casas donde se brindan “servicios sexuales”. La iniciativa diferencia la actividad “voluntaria” de delitos como la explotación de personas. La presentación del proyecto, no casualmente, se hizo ayer, en el Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas.

Rachid es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura y secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad, y presentó el proyecto con el apoyo de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), titulado “Ley de Habilitación de Establecimientos donde se Brindan Servicios Sexuales”, norma que permitirá habilitar los centros donde se ejerce la prostitución de manera libre y voluntaria.

“Desde hace mucho tiempo venimos luchando con las compañeras para que nuestro trabajo sea regulado, tenga un marco legal como cualquier otro y por supuesto, no se nos criminalice”, sostuvo la secretaria General de AMMAR, Georgina Orellano. Además, aclaró que la norma mantiene “la prohibición de la explotación sexual, o que un tercero se quede con algún porcentaje de nuestras ganancias”.

Para poder ejercer su tarea, según la ley propuesta, las trabajadoras deberán registrarse mediante un trámite que será personal “conforme lo determine la ley” y bajo los requisitos de “ser mayor de edad” y de asistir de manera obligatoria a un “curso gratuito brindado” por el organismo correspondiente, el cual tendrá “contenidos relativos a nociones básicas sobre: derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral, y derecho penal, contravencional y de faltas” y con información relativa a “prevención de adicciones, salud sexual y enfermedades de transmisión sexual”.

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