Se trata de un estudio “preparatorio de las transferencias de los organismos nacionales con jurisdicción en materia penal y en seguridad urbana” a la órbita porteña. El equipo estará dirigido por el ex fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano.

Ante esta situación, los legisladores Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionaron la operación, que se produjo mediante una contratación directa aprobada por Larreta.

Los legisladores adelantaron que presentarán un pedido de informes por la contratación, que se realizó sin licitación pública. Cuestionaron que se acuda a una universidad privada para realizar una tarea que puede ser cumplida por organismos públicos en el ámbito de la ciudad, como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Policía Metropolitana o la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Garavano está por cumplir cuatro meses desde que culminó su mandato al frente de la Ministerio Público Fiscal de la ciudad.

Los legisladores denuncian que la contratación del ex fiscal general al frente de este estudio es contraria a lo estipulado en la Ley de Ética Pública de la ciudad. “No puede ejercer tal actividad hasta un año después de su egreso”. Sostuvieron que vulnera las disposiciones sobre incompatibilidades y conflictos de intereses.

Garavano ejerció el cargo de fiscal general porteño hasta el 28 de marzo pasado, cuando fue relevado por el ex legislador macrista Martín Ocampo. Había asumido el cargo en 2007, al tiempo que Ocampo ingresaba a la Legislatura. Antes de llegar al Ministerio Público de la ciudad, Garavano se había desempeñado como juez en el Poder Judicial porteño, y llegó a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura como representante de los magistrados.

Además, de encargarse el estudio a un organismo público, no sería necesaria la erogación de 2.214.000 pesos. Los legisladores también afectaron ese pago al pedido de informes porque “no se conocen los parámetros que se han tenido en cuenta para establecer el monto”.

La contratación fue formalizada por la resolución 581 de la Jefatura de Gabinete, con fecha del 30 de junio, y publicada diez días después en el Boletín Oficial de la ciudad.