La imputación contra Awada es por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”.

La causa está encabezada por el Juzgado de Instrucción Nº 45, María Dolores Fontbona de Pombo. Además del cuñado de Macri fueron imputados otros cinco empresarios bajo la misma figura.

La magistrada aceptó el pedido del fiscal de primera instancia, Andrés Madrea, que "realizó la investigación tras derivarse la causa desde el fuero federal donde habían radicado la denuncia en 2007, el gobierno de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo porteña en conjunto con La Alameda", la organización no gubernamental que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico.

Según detalló en un comunicado la propia Alameda, en los talleres se encerraba bajo llave a los costureros en piezas de extrema precariedad, y se descubrieron 15 personas que vivían y trabajaban sin condiciones de higiene y seguridad.

Los imputados por la Justicia son el cuñado de Mauricio Macri, Daniel Awada (presidente), y Patricia Norma Fraccione (vicepresidente) de la sociedad Cheek SA; Sergio Jaime Said (presidente) y Victoria Papu de Said (vicepresidente) de la sociedad Mazalosa SA cuya marca es Portsaid, y Aníbal Marcelo Terra (presidente) e Ingrid Georgina Kern Dornfeld (vicepresidente) de la sociedad Kowsef SA cuya marca es Kosiuko.

Al llegar allí, la división de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal (PFA), descubrió "siete costureros en condiciones irregulares y ocho regulares" que "vivían y trabajaban sin condiciones de higiene, seguridad y hasta desconocían cuánto era el monto de su salario".

Por otra parte, entre las pruebas recolectadas por la Policía Federal y Gendarmeria Nacional, que conectan a la marca Cheeky con el taller esclavo, se encuentra una computadora, en la cual se detectó "un documento con un molde de confección de una prenda de vestir" de esa marca.