El Juzgado Federal de Santa Rosa sobreseyó -entre otros involucrados- al diputado Espartaco Marín -hijo del ex gobernador Rubén Marín-, a funcionarios policiales, y hasta a un sacerdote en una causa en la que se investigaba el accionar de una presunta organización criminal destinada a recibir y distribuir estupefacientes en La Pampa.

En los considerandos, quedó reflejado que la causa fue armada por la AFI, que la hizo llegar el 12 de octubre de 2016 al juzgado, en un proceder que la agencia dependiente del Poder Ejecutivo nacional ha perpetrado en otros casos, habitualmente para inculpar a opositores del gobierno de Mauricio Macri.

Del mismo inicio del gobierno de Cambiemos, el gobernador Carlos Verna se posicionó como uno de sus férreos opositores. "Taco" Marín -junto a su padre- era una de las caras visibles del rechazo del peronismo pampeano a las políticas de Macri, y uno de los dirigentes que se mostraba receptivo a la posibilidad de superar las viejas diferencias de Verna con Cristina Kirchner.

El modus operandi fue similar: el testimonio de un supuesto arrepentido, que "legitima" la denuncia por narcotráfico, apertura de la causa y amplia difusión en medios de comunicación y redes sociales para estigmatizar a los acusados.

Después de la intervención de la AFI, en mayo de este año, 23 personas quedaron escrachadas por la denuncia de la AFI vehiculizada a través de la Policía Federal, que se centraba en la presunta liberación de rutas y el crecimiento patrimonial de algunos empresarios.

Además de dos altos jefes policiales, los comisarios Luis Blanco y Marcelo Calderón, en la lista de la AFI aparecía el sacerdote Hugo Pernini, de la capilla Nuestra Señora de Luján, ubicada en Lope de Vega 615, quien era párroco en la Unidad 4 de Santa Rosa, publicó el diario La Arena (Santa Rosa).

En esos días, el jefe de la Policía provincial, Roberto Ayala, dio cuenta que nunca había sido notificado, y tampoco se le dio intervención a la fuerza en la investigación, como habitualmente suele suceder.

Eran las semanas previas a las PASO, y la figura de Marín, especialmente el padre, importante dirigente del peronismo nacional, podía jugar un rol relevante a la hora de intentar unir al PJ con el kirchnerismo -hacía pocos días que Cristina Kirchner había anunciado la fórmula con Alberto Fernández- y ser un rival más robusto de Cambiemos, con vistas no sólo a esas primarias de agosto sino también en las generales de octubre.

En la denuncia impulsada por las huestes de Arribas, se indicaba que el párroco Hugo Eduardo Pernini era quien introducía la droga en la U4. Y se agregaba que otros implicados estaban en contacto delictivo con "el chofer del diputado Espartaco Marín".

Rubén Marín y Alberto Fernández. El ex gobernador es presidente del PJ pampeano

En esa trama urdida, al parecer, casi fantasiosamente, se involucraba a distintas personas, incluido personal policial, y hasta se manifestaba de "las conexiones que el comisario Calderón posee con los principales distribuidores de estupefacientes en la Provincia, a saber: Luis Alberto Cofré, Espartaco Marín, Sergio Javier Bertello y Julio Angel Lucero".

La AFI era la encargada de aportar "datos", siempre vagos, para sumar a la causa.

La justicia encontró que nada de los denunciado ni las pruebas aportadas eran de una solidez mínima para avanzar en la investigación, y decidió sobreseer a todos los implicados: Carlos Vigo del Valle, Edgar Duarte Arce, Juan Emilio Demora, Raúl Beltramino, Miguel Angel García, Cristian Martín García, Facundo Alvarez, Carlos Javier Artígues, Esteban Horacio González, Viviana Analía Cieré, Marcelo Calderón, Luis Blanco, Marcos Santos, Guillermo Correa, Rodrigo Ledesma, Marcelo Cisneros, Jorge David Bergés, Sergio Bergés, Hugo Edgardo Pernini, Luis Alberto Cofré, Espartaco Marín, Sergio Bertello y Julio Angel Lucero.

La Justicia determinó que "el informe inicial aportado por la AFI carece de todo tipo de elemento de prueba que avale su contenido. Se refiere a todos los temas que menciona en modo potencial y a la existencia de tareas de campo, información propia. No aportó una sola evidencia, testimonio, filmación, documento o dato certero de lo que dijera".

"Sólo se encuentran agregadas unas fotografías borrosas que, va de suyo, jamás podrían servir para imputarle a persona alguna la comisión de un delito. Se asociaron y acumularon nombres sin lógica alguna, sin compartimentar e investigar el despliegue de cada uno de ellos para después poder relacionarlos de forma alguna a actividades delictivas", agregó el fallo.

Finalmente, la concluyente sentencia citó un informe remitido por Gendarmería Nacional, "de cuya lectura puede advertirse sin mayor esfuerzo que se trata de un trabajo realizado en su gran mayoría por medio de búsquedas de páginas de Internet, pero con un escaso trabajo de campo".