(Por Luis Torre)  El 21 de octubre de 1977 la dictadura cívico-militar que comandó Jorge Rafael Videla creó, por decreto, la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA). El objetivo del organismo era juzgar la conducta de ex funcionarios y empresarios vinculados al segundo gobierno peronista (1973—1976) por supuesto enriquecimiento ilícito.

La idea es muy similar al Decreto de Necidad y Urgencia (DNU) con el que este lunes el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, impuso la Ley de Extinción de Dominio. Mediante la cual con una acción civil el Estado podrá incautar bienes de ex funcionarios investigados por corrupción, aunque no tengan una condena penal.

La CONAREPA investigó a Isabel Perón y a otras 80 personas a las que se detuvo, se les confiscaron sus bienes y hasta en algunos casos, luego de quedar libres, se les prohibió ejercer su profesión. Años después, ya en democracia, esto derivó en que el Estado deba pagar más de $200 millones en indemnizaciones.

Es que el organismo incautó propiedades y bienes de esos detenidos, tales como la Quinta 17 de Octubre que el tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón tuvo en el barrio Puerta de Hierro, en Madrid, España, y un chalé suyo en la calle Gaspar Campos, del partido bonaerense Vicente López.

Al no tener sentencia, varios de los damnificados debieron ser recompensados ya que nunca recuperaron sus bienes. En el año 2010, en el marco de las las políticas de DD.HH, la entonces madataria Cristina Fernández de Kirchner ordenó el traspaso de los expedientes de la CONAREPA al Archivo Nacional de la Memoria.

El punto en común más claro entre la CONAREPA y la "Extinción de Dominio" que decretó Macri, empujado por la diputada nacional Elisa Carrió, está explícito en el texto de la dictadura.

Allí se detallaba como funciones del organismo “investigar con las más amplias facultades la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas afectadas por la Ley Nº 21.670”, y “ dictar resolución ordenando la transferencia de los bienes interdictos al patrimonio del Estado Nacional”.

En la versión "democrática" del 2019, en vez de CONAREPA el Estado creará una "fiscalía especial" que le pedirá a la justicia civil que incaute y ejecute los bienes de personas investigadas por presunta corrupción.

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— En Orsai (@EnOrsai) 21 de enero de 2019