(Por Andrés Actis) La problemática sacudió la agenda política y mediática a mediados del año pasado cuando se detectaron miles de pensiones por invalidez suspendidas. Ante el escándalo en puerta, el gobierno nacional negó un ajuste y achacó las denuncias a un error burocrático y administrativo. "Vamos a restablecer aquellas pensiones que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar", repitió la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.

La política de la "marcha atrás", justificada y hasta celebrada al interior de la Casa Rosada por su supuesto rasgo novedoso en el manejo del Estado, sumó por aquel entonces otro lío neutralizado: las pensiones por discapacidad. El tema se diluyó rápidamente en los medios con la promesa oficial de no tener un plan sobre la mesa para quitar derechos a una de las poblaciones más vulnerables.

La mayoría de aquellas pensiones (un total de 170 mil en todo el país) se restituyeron. El gobierno intentó ganar tiempo con una presentación judicial que no prosperó. En noviembre, la Cámara Nacional de la Seguridad Social rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado restituir las pensiones por invalidez.

Para la Justicia, el recorte fue arbitrario y se concretó "sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso adjetivo que incluya el derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada”.

En Santa Fe, la Secretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad monitoreó de cerca las restituciones. "En la mayoría de los casos los cobros se restablecieron con los retroactivos correspondientes. No tenemos nuevas denuncias de suspensiones", explicó a fin de año Maximiliano Marc, responsable de dicha cartera.

El ajuste silencioso

EL CAMBIO MATA
Es jubilada, cobra apenas 7 mil pesos y por un error del medidor tiene que pagar 16 mil pesos de luz.
Además es paciente oncológica y el Gobierno de Macri y Vidal le quitó la pensión graciable que cobraba su marido.https://t.co/K2HP3Ss8Yd pic.twitter.com/OswK579B9a

— En Orsai (@EnOrsai) 22 de mayo de 2018

Luego del revés judicial, el Poder Ejecutivo oficializó a través de un decreto publicado en el Boletín oficial la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad para la administración de los fondos destinados a ese subsidio. Se le quitó el manejo de las pensiones al ministerio de Desarrollo Social y se trasladó la competencia a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

El traspaso generó, por un lado, despidos y recorte de personal; y por el otro, atrasos en todos los trámites que estaban en curso. Ya en febrero, los trabajadores de esta nueva oficina denunciaron la existencia de una circular interna que ordenaba "separar y revaluar" la mayoría de los expedientes que aún no habían sido asignados.

El secretario general de ATE Pensiones, Walter Pignataro, advirtió que el gobierno se encaminaba así a "dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito”. El gobierno nuevamente salió a desmentir la noticia con un comunicado de prensa.

Lo cierto es que hoy, llegando a la mitad de 2018, hay cerca de 100 mil trámites que están parados en la sede central de la flamante Agencia Nacional de Discapacidad, de los cuales cinco mil son de personas que residen en Rosario. Se tratan de beneficios que estaban listos para ser otorgados que fueron parados.

Hasta el año pasado, la vieja Comisión Nacional de Pensiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, otorgaba un promedio de 12.000 pensiones por mes. En los primeros cuatro meses del 2018, la nueva oficina solo aprobó 8.869 beneficios en de todo el país. Por lo general, los trámites vuelven a la auditoría médica para ser "revaluados". Hay otros que se archivan y otros esperan una firma que nunca llega.

“Lo que nosotros evaluamos es que acá hay un intento de parte de las autoridades y de parte del gobierno de hacer desaparecer este programa de pensiones. Estamos viendo que el gobierno no considera una prioridad el hecho de mantener una política social que dio, durante más de 20 años, respuesta a un sector muy necesitado y de vulnerabilidad social muy grave, porque a la pobreza se suma la enfermedad y todos los casos nuestros requieren realmente una respuesta perentoria de parte de las autoridades”, explicó una delegada de los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad de Rosario.

Casos en primera persona

La semana pasada, el diario La Capital retrató algunos de los rostros rosarinos que están a la espera de obtener una pensión. David Rodríguez tiene 43 años y dos hijos enteramente a su cargo. Padece ostiomielitis crónica, una infección ósea prolongada que derivó en la amputación de un pie.

El hombre trabajaba en un supermercado. Cuando se cuadro se complicó aceptó un retiro voluntario. Hoy, por su condición física, no aprobaría ningún examen preocupacional. Tiene un trámite abierto desde fines de 2016, pero jamás le otorgaron la pensión.

Otro caso es el de Raúl Enríquez, con 16 años de aportes como trabajador portuario. En el 2008 se infartó y su estado de salud comenzó en un declive irreversible. A su cuadro cardíaco y de hipertensión se le sumó una diabetes que afectó toda su motricidad. A principio de año le amputaron una pierna. Hoy está en silla de rueda a la espera de una pensión.

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— En Orsai (@EnOrsai) 20 de mayo de 2018