La justicia italiana pidió la declaración indagatoria del CEO de Techint, Paolo Rocca, por el supuesto pago de sobornos en Brasil por US$ 9 millones para quedarse con obras de Petrobras en ese país.
Miercoles 06 de diciembre de 2017 | 23:04
La solicitud fue hecha por el fiscal del país europeo, Fabio Di Pasquale, quien llegó hace casi un mes y tomó esa decisión después de haberse reunido con la jueza federal María Servini de Cubría y los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano.
Pero el pedido firmado por el fiscal italiano hace unos dos meses no prosperó en Comodoro Py, indicó La Nación.
Taiano, que tiene delegada la investigación, sostuvo que las medidas no se harán efectivas hasta que la justicia italiana no presente la documentación que respalda la investigación.
Según Di Pasquale, las medidas solicitadas eran necesarias para concluir la investigación de un equipo de fiscales de Milán (Italia) quienes habrían encontrado un vínculo directo entre Techint, sociedades offshore y cuentas en Suiza.
Los fiscales de Milán poseen registro de los movimientos de las cuentas bancarias suizas que se usaron para pagar esas coimas, según publicó Perfil.
Las transferencias se efectuaban entre sociedades offshore de Uruguay. Una de ellas es Isla Mayor, que recibía fondos y los transfería a Hayley SA que, a su vez, hacía circular el dinero a Hayley en Brasil.
En ese país, los intermediarios con los funcionarios brasileños recibían los fondos y compraban propiedades –al menos seis– para blanquear el dinero.
El beneficiario final de Isla Mayor es el argentino Lorenzo Fenocchietto, quien fue citado por los fiscales italianos ante quienes admitió haber manejado fondos de Techint a través de su firma offshore.
LOS GANADORES DEL CAMBIO
— En Orsai (@EnOrsai) 6 de diciembre de 2017
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El senador cuestionó en el recinto los dichos del presidente sobre la producción nacional y el plan para "apagar el Estado" cuando se agote el presupuesto.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", un paquete de reformas de Javier Milei que incluye obstáculos para las expropiaciones estatales, mecanismos para agilizar desalojos y la derogación del tope del 15% que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros en cada distrito. El proyecto estaba bloqueado por la impugnación de Manuel Adorni; su salida abrió el camino y Diego Santilli negoció con los gobernadores para garantizar su tratamiento. El Grupo Benetton —ya uno de los mayores productores de lana de oveja del país— y fondos soberanos de países árabes están entre los más interesados en que caiga el límite.
El Gobierno de Javier Milei detuvo su caída en las encuestas y consolida un piso del 42,8% de aprobación, pero el 66% evalúa negativamente la situación económica y el 58% de los hogares está endeudado para cubrir gastos básicos. En ese escenario paradójico, el editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina identifica tres riesgos concretos que amenazan el plan oficialista: un opositor que crece, un aliado internacional que puede perder poder y una guerra interna que ya se dirime con decretos presidenciales.
Desde Sitrarepa advirtieron que cada vez más trabajadores recurren a préstamos otorgados por las propias plataformas para sostener su actividad. Reclaman una regulación estatal y denuncian que el sistema profundiza la precarización laboral.
La denuncia sostiene que el Gobierno de Javier Milei permitió el ingreso de efectivos militares estadounidenses sin la autorización previa del Congreso, una facultad que, según la presentación judicial, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo. El caso abrió un nuevo frente de conflicto institucional y reavivó las críticas por el alineamiento internacional de la administración libertaria.








