A punto de cumplirse un mes del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, la querella encabeza por Sergio, el hermano mayor de la víctima, presentó una apelación sumamente sólida, que cuestiona profundamente la instrucción penal que lleva más de 100 días de sombras.

La familia Maldonado pidió que se acepte la colaboración de “expertos independientes”, tal como fijan los protocolos internacionales para hechos de gravedad institucional con participación y/o sospecha sobre la fuerzas de seguridad federales. Además, reclamó que la Justicia regrese al lugar del hallazgo del cuerpo para completar pericias fundamentales que no se hicieron en el río. Y también concentrar la pesquisa sobre el grupo de gendarmes que actuaron en la represión en el marco de la causa de desaparición forzada.

En ese sentido, Maldonado recordó que todavía no declararon algunos testigos fundamentales, que estuvieron alrededor de Santiago antes de que los gendarmes de El Bolsón y Esquel ingresaran con escopetas y bastones al sitio donde el 17 de octubre al mediodía –después de 78 días- se encontrara el cuerpo luego de una serie garrafal de rastrillajes, que incluyeron abusos de autoridad, detenciones de testigos inocentes, y allanamientos a una comunidad mapuche vecina a la lof, Vuelta del Río, donde descendieron con helicópteros artillados y armas largas.

Para lograr que declaren el resto de los testigos, Sergio Maldonado exigió que “se garantice una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de conocer las circunstancias de la muerte de Santiago; y se requiera la conformación de un Grupo de Expertos Independientes que supervise y coadyuve a la investigación que realice el señor juez. Conforme surge de la resolución que apelo, la última vez que se vio con vida a Santiago fue el 1 de agosto de 2017 en el lugar denominado Pu Lof en Resistencia Cushamen, en circunstancias en que ingresaron violentamente al predio más de 120 personas armadas pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina, quienes persiguieron a Santiago y a seis o siete personas más hasta orillas del río Chubut. Si bien en la presente investigación la Gendarmería Nacional fue apartada de las actuaciones, hasta la fecha las investigaciones fueron realizadas por el resto de las fuerzas de seguridad dependientes jerárquicamente del Ministerio de Seguridad del cual depende la propia Gendarmería”.

TREMENDO
“Nos mandan fotos de huesitos diciendo que los mapuches se comieron a Santiago” https://t.co/gtp3AFi0vt pic.twitter.com/noQGhLY8HE

— En Orsai (@EnOrsai) 15 de noviembre de 2017

En el escrito presentado por su abogada Verónica Heredia, Sergio también apuntó al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien estuvo a 7 kilómetros del lugar del hecho el 1 de agosto en la puerta del casco de la estancia Leleque del magnate italiano, Luciano Benetton.

“Cité en relación a ello una entrevista radial en la que el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, alude a reuniones que mantuvo con fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut. Dicha reunión fue admitida por la señora Ministra de Seguridad ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara de Senadores de la Nación, el 16 de agosto de 2017. Tal como consta en estos autos, se llevaron a cabo siete rastrillajes en diferentes fechas en el río Chubut alegando buscar a Santiago. En especial resulta relevante las expresiones del buzo Altamirano en las actuaciones del Hábeas Corpus (Expte N° FCR 8233/2017), quien hallara el cuerpo sin vida de Santiago el 17 de octubre del año en cuestión, destacando que en el rastrillaje llevado a cabo el día 18 de septiembre había mejor visibilidad porque el día estaba soleado y el río estaba menos crecido y había menos corriente”.

Maldonado se remontó a los primeros días de agosto, cuando Santiago estaba desaparecido y el gobierno lo negaba.

“Recordé al señor juez subrogante que desde el 10 de agosto requiero una investigación exhaustiva, efectiva, independiente e imparcial; el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago en el mismo lugar que fuera inspeccionado por las autoridades del Ministerio de Seguridad desde el 5 de agosto, aumentaron la necesidad de contar con un equipo de expertos, independientes del citado Ministerio. La necesidad de un equipo de investigadores externos fue advertido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas; un equipo independiente, estable, que lleve a cabo una investigación sistemática e interdisciplinaria; el cual debería recorrer de modo exhaustivo el lugar de los hechos y hallazgo del cuerpo, interrogar a distintas personas claves para probar qué ocurrió y que, de modo insólito, todavía no declararon en la causa; recoger los restos de la fogata que aun inexplicablemente realizaron los gendarmes el 1 de agosto de 2017, entre otras conductas realizadas en el lugar donde se viera a Santiago por última vez, interrogándose por qué y cómo se efectuó esa fogata; disponer pericias que surjan de esas investigaciones: planimetrías detalladas de cada declaración prestada para destacar concordancias, diferencias y complementariedad entre los relatos y otros hallazgos ya realizados y los aún pendientes”.

La familia de Santiago, le dijo al juez Lleral y a la Cámara, que deberían “aplicar la Guía Nro. 9 para profesionales sobre Desaparición forzada y ejecución extrajudicial: Investigación y sanción, del Comité de Juristas Internacionales e incluir en la investigación el modus operandi o contexto del accionar de distintos integrantes de Gendarmería y fuerzas policiales de la zona, como indican los protocolos referidos a hechos de tortura u otros tratos inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas (Protocolo de Estambul, Protocolo de Minesota, entre otros). Solo así podrá avanzarse en la investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a la que tenemos derecho como víctimas”.

Sin embargo, el juez Lleral se excusó con este argumento sobre la averiguación de la existencia de delito: “Las presentes actuaciones judiciales están destinadas a cumplir con el objetivo de la instrucción (art. 193 del C.P.P.N.), esto es determinar si existe un hecho delictuoso, establecer eventualmente la participación de personas en la comisión del mismo y en su caso, verificar si los probables autores resultan responsables y merecedores de una pena; todo ello mediante las pruebas que legalmente se incorporen al proceso”.

Pero Maldonado replicó que “la instrucción es genérica y adaptable a cualquier procedimiento penal. Entendemos que esa falta de precisión llevó a que se investigue cualquier cosa menos una presunta desaparición forzada de persona, ahora agravada por muerte. Reiteramos que el Poder Ejecutivo Nacional (en particular, por las declaraciones de la Ministra de Seguridad) proyectó su influencia sobre la investigación. Por esta razón, solicitamos al Señor Juez que designe un grupo de expertos independientes que, según su criterio, puedan colaborar con la investigación”.

Para finalizar, Maldonado no aceptó que la Justicia Federal haya ayudado, como sostuvo Lleral, a la búsqueda del esclarecimiento de la muerte de Santiago. “Rechazamos que la Justicia haya ejercido sus deberes y facultades en procura de la búsqueda y hallazgo de Santiago y bregado para garantizar el derecho a la verdad de sus familiares. La remoción del Juez original de la causa exime de mayores comentarios”.

En otra insólita esgrima jurídica, Lleral afirmó que la parte querellante “puede y debe ofrecer los elementos probatorios que sustenten aquellas acciones”. Podría interpretarse que se desliga de la instrucción y le deja el peso de la probanza del delito de desaparición forzada a la Fiscalía y a la querella. Con una fiscal, Silvina Ávila, cuestionada por la familia Maldonado y cercana al juez apartado del expediente, Guido Otranto.

“Exigimos que sea el Estado, como titular de la acción penal, el principal responsable del avance en la investigación sobre la muerte de Santiago. Como particulares damnificados, nosotros intentaremos seguir colaborando en la causa pero, en modo alguno, se nos puede exigir un rol distinto al previsto en la normativa vigente”, culminó Maldonado.

La Fiscalía de Esquel acusó al médico legista de la Policía Federal, Werther Augusto Aguiar –mencionado por este cronista en la crónica publicada por Nuestras Voces este martes-, como quien habría divulgado las fotografías del cuerpo de Santiago el 18 de octubre en las redes anti-sociales.

El 24 de noviembre se conocerán los resultados de la autopsia. Más de 50 peritos forenses darán a conocer su posición y se abrirán los sobres lacrados en la Morgue Judicial que depende de la Corte. Es muy probable que ese día no se esclarezcan definitivamente la data y la mecánica de la muerte. Mientras tanto, continúa la maquinaria de negación y demolición de la víctima y su familia con canales oficiosos y lazos mediáticos. Lo que incentivó el ataque a un mural de Santiago en Lago Puelo, en el noroeste de Chubut.

El odio también se construye y la esperanza lo resiste.

Fiente: http://www.nuestrasvoces.com.ar

JUSTICIA
Sergio Maldonado: “Sospecho que pudieron haber ‘plantado’ el cuerpo” https://t.co/wr4cRbCJrU pic.twitter.com/EZufbxGtzf

— En Orsai (@EnOrsai) 16 de noviembre de 2017