Miércoles 24 de Junio de 2026
Vidal decretó cárcel para quienes revelen el patrimonio de sus funcionarios
El decreto de Vidal fija el carácter reservado de las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses y pena con hasta con 2 años de prisión a periodistas o "terceros" que divulguen las DDJJ de ministros, directores, policías y agentes del servicio penitenciario.
Redacción En Orsai // Miercoles 08 de junio de 2016 | 17:41
La gobernadora modificó el decreto 116 con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales, a publicar sus declaraciones juradas de bienes
Siguen las malas noticias para periodistas y todo aquel interesado en promover la libertad de expresión, en la semana de un nuevo aniversario de la creación de la Gaceta de Mariano Moreno.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, agregó a la ley que obliga a los funcionarios públicos a presentar su declaración jurada un polémico artículo que establece serán pasibles de recibir condenas previstas en el Código Penal. Lo hizo a través del decreto 647 publicado en el Boletín Oficial.
De esta manera, la gobernadora modificó el decreto 116 con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes. El texto asegura que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”.
La ley iba a ser tratada en la legislatura bonaerense y tenía el consenso de todos los bloques, incluso el del Frente Para la Victoria (FPV), con la única modificación de eliminar el artículo que sanciona a periodistas. Ante esto, la mandataria provincial decidió sacarla por decreto y saltear al debate legislativo.
Así, el PRO muestra nuevamente su costado menos republicano y orientado a la búsqueda de consenso, pese al discurso de campaña.
Tanto el Gobierno nacional en el proyecto de blanqueo de capitales, cómo ahora el de la provincia de Buenos Aires copiaron y pegaron fragmentos de la ley de procedimiento tributario, que es una norma de la dictadura que está vigente pero era, a los efectos prácticos, letra muerta.
