La legislación propuesta por el gobierno de Mauricio Macri allana el camino para enajenar las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS)

El proyecto de ley ómnibus de blanqueo de capitales y pago de sentencias previsionales abre la puerta a una reforma completa del sistema previsional.

La magnitud de los cambios previstos en la normativa que benefician a un universo acotado de adultos mayores y la continuidad de los reclamos judiciales por ajuste de haberes una vez que el Estado reconozca por ley su incumplimiento pueden poner en riesgo la sustentabilidad del esquema público vigente, según consignó Página 12.

En el corto plazo, la legislación propuesta por el gobierno de Mauricio Macri allana el camino para enajenar las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS), una exigencia corporativa presente desde la estatización de las AFJP.

Pero, antes de terminar su mandato, el Poder Ejecutivo prevé llevar adelante una transformación más profunda del sistema previsional. El texto enviado al Congreso propone la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo que tendrá a su cargo proponer “un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable”. Esa reforma debería estar lista dentro de tres años.

El proyecto modifica el esquema de administración del FGS al derogar la ley 27.181, la normativa que bloquea la venta de las acciones de empresas privadas en poder de la Anses. El texto aprobado el año pasado estableció que para decidir la enajenación de esas participaciones en poder del Estado se requería una mayoría de dos tercios en el Congreso. Dar por tierra con esa legislación habilita a la Casa Rosada a desprenderse sin necesidad de construir consensos parlamentarios de las acciones en empresas como Techint, Molinos, Aluar, Banco Macro, Grupo Clarín y Banco Galicia, entre otras participaciones heredadas de las AFJP.

A finales de 2015, tal como reveló el diario, las acciones de empresas privadas en poder del FGS contabilizaban 85.000 millones de pesos. Representan el 12,8 por ciento del fondo, el tercer rubro detrás de los títulos públicos que suman el 64 por ciento de la cartera y las inversiones en proyectos productivos que alcanzan al 12,9 por ciento.

Con el argumento de financiar el pago de sentencias y mejoras de haberes de una porción minoritaria de los adultos mayores que más cobran (según las estimaciones de la Anses, las mejoras alcanzarían a un tercio de los jubilados) se liquidarían participaciones en activos estratégicos. Ese cambio facilitará la venta y privatización de empresas que no están vinculadas al financiamiento del proyecto ni el sistema jubilatorio como Arsat o el Correo Argentino.