En los últimos meses fueron suspendidas las fiscalizaciones que se realizan en los campos de los empleadores para detectar explotación laboral y trabajo infantil

El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) empezó con los telegramas de despidos que prometen alcanzar al 70% del personal. Los responsables son Ramón Ayala y Ranulfo Bazán, hombres que llegaron a ese lugar de la mano de Gerónimo “Momo” Venegas, uno de los gremialistas predilectos de Cambiemos y a quien Mauricio Macri quisiera como nuevo líder de la CGT unificada.

Según reveló Infogrmiales, hasta ayer se habían recibido 80 nuevos telegramas, que se suman a los llegados a fin de año. Pero se espera que la nueva oleada alcance a unos 700 trabajadores que cumplen sus funciones en las Delegaciones Provinciales que son, en los hechos, las responsables del  trabajo territorial que realiza el Registro.

Según consignaron desde ATE Capital, “en los últimos meses fueron suspendidas las fiscalizaciones que se realizan en los campos de los empleadores para detectar explotación laboral y trabajo infantil, así como los programas de asistencia, apoyo técnico y capacitación laboral, profundizando la incertidumbre y desprotección a los trabajadores agrarios y sus familias”.

Venegas es el histórico titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y líder del Partido Fe, formalmente aliado a Cambiemos. Las decisiones de los hombres cercanos a la UATRE, sindicato que nuclea a los peones rurales y que en lugar de protegerlos parece librarlos a su suerte, desarticula un organismo central para el control de la explotación laboral rural de la Argentina, entre otras funciones esenciales.

Los telegramas implican despidos de contratados y de personal de planta, por lo que las medidas vulneran la estabilidad laboral de los trabajadores del RENATEA y desconocen los Derechos del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto en 2015 que incluía la cláusula de estabilidad.

El escrito, además, aclara que se extingue la relación contractual con el organismo prescindiendo de los servicios de los empleados, que en total representan el 70% del plantel del organismo. Se trata de la liquidación de una institución que realizó en sus pocos años de vida unas 1.100 denuncias contra situaciones de explotación laboral en el sector rural.