YPF tendrá como objetivos inmediatos el recorte de los planes de inversión

Miguel Angel Gutiérrez trabajó durante veintiún años en el banco estadounidense JP Morgan, donde llegó a ocupar el cargo de director general de Mercados Emergentes Globales. Es decir, reconoce un origen común con Alfonso Prat-Gay (ministro de Hacienda), Luis Caputo (secretario de Finanzas), Vladimir Werning (secretario de Política Económica) y Demián Reidel (director del Banco Central).

Ese antecedente como experto en finanzas internacionales le valió a Gutiérrez ser elegido en 2002 por César Alierta, presidente por entonces de Telefónica de España, para dirigir la filial argentina.

Según se informó por aquel entonces en Madrid (diario El País), Alierta tomó la decisión de reemplazar a Carlos Fernández Prida como titular de Telefónica de Argentina por “el ejecutivo argentino que trabaja para JP Morgan”, para enfrentar las negociaciones entre empresas de servicios públicos privatizados y el gobierno para la revisión de contratos y tarifas tras la salida de la convertibilidad.

Según el matutino español, Alierta le habría encomendado, como tareas principales, la negociación de contratos y tarifas con el gobierno argentino, medir la influencia de la pesificación en los resultados de la empresa y hacer una revisión del plan de inversiones. Esto es, ejecutar una reducción drástica.

Con estos antecedentes, Gutiérrez, desde entonces uno de los hombres claves de la cúpula de Telefónica Internacional y activo promotor de la creación de fondos de inversión en Estados Unidos para mercados emergentes, ocupará el máximo cargo de la principal empresa argentina.

Quien lo acompañe desde el puesto de gerente general sería un experto en petróleo con experiencia en empresas extranjeras (se habla de Total), si es cierta la información circulante que le asigna a Aranguren haber ganado la pulseada interna en el Gobierno respecto a quién tendría mayor peso en las designaciones.

De lo que no hay mayor margen de dudas es que la nueva conducción de YPF tendrá como objetivos inmediatos el recorte de los planes de inversión (pasaría de 6000 millones de dólares previstos a poco más de 4000), una reducción del 15 por ciento en los gastos de explotación en unidades de desarrollo y la aplicación del “procedimiento preventivo de crisis” en las provincias donde tiene actividad petrolera. Esto es, suspensiones rotativas del personal, que cobraría el 50 por ciento del sueldo por los días no trabajados.