El fin de semana pasado, generó revuelvo la estadía del presidente Macri junto a su familia en la estancia patagónica del multimillonario Joe Lewis, que tiene una causa abierta por haber privatizado el acceso al Lago Escondido, cercano a El Bolsón. Macri había llegado al lugar a bordo del helicóptero privado del magnate, en lugar de utilizar el Tango 01. Pero eso no es todo: ahora, además, resulta que nadie puede decir quién pagó por ese viaje.

Consultado sobre el asunto, el administrador de Lewis, Nicolás Van Ditmar, intentó justificar la situación y terminó aportando información que complica al presidente. “Mauricio es un amigo de la familia Lewis desde hace 11 años, desde antes que sea presidente y que sea jefe de gobierno de la Ciudad”, reveló. Y luego dijo que el viaje en ese helicóptero “cuesta 5 mil dólares la hora” y que “el servicio se facturó pero no se facturó a Presidencia”. ¿Quién lo pagó entonces?

El delito de dádivas viola el artículo 18 de la Ley de Ética Pública, que establece que los funcionarios "no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones". Dicho delito tuvo presencia mediática hace pocas semanas cuando el exvicepresidente Amado Boudou fue procesado por haber usado de forma gratuita, en 2011, el avión privado de una constructora, para asistir a un acto.

En ambos casos, se trata de funcionarios de gobierno que, teniendo a disposición medios de transporte oficiales, optan por utilizar aviones o helicópteros privados de empresarios que reciben o buscan recibir favores del gobierno.

Sin ir más lejos, el diputado del Frente para la Victoria por Río Negro, Martín Doñate, declaró en Radio 10 que "Lewis es dueño de empresas prestadoras de servicios que se vieron beneficiadas con los tarifazos que autorizó el presidente". Otra noticia reciente que muestra la vinculación entre ellos fue el nombramiento de la exvocera de Lewis, Dalila Pinacho, como directora de Radio Nacional Neuquén.

El FpV presentará una denuncia a la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso para que investigue el asunto. Pero todo quedará entre amigos: Alonso, además de ser miembro del PRO de la primera hora, le debe, a su vez, al presidente un gran favor: haber modificado el decreto que establecía que el titular de dicha oficina debía ser abogado, para que ella, que es licenciada en Ciencias Políticas, pueda asumir el cargo.