Martes 23 de Junio de 2026
Uno de los jueces impuesto por Macri armó una ONG trucha para defender a Clarín
Carlos Fernando Rosenkrantz, uno de los jueces de la Corte Suprema que Macri puso por decreto, armó una ONG de defensa de la competencia con el único objetivo de usarla para defender en juicio a uno de los sus principales clientes: Fibertel, o sea, el Grupo Clarín.
Andrés Brown Redacción En Orsai // Miercoles 16 de diciembre de 2015 | 12:31
En el ejercicio de su defensa a Fibertel y el Grupo Clarín, Rosenkrantz utilizó a una ONG supuestamente dedicada a defender la competencia y fundada por él mismo
Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron los elegidos por el presidente Mauricio Macri para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La designación generó fuerte resistencia, no tanto por los nombres en sí, sino por la forma que eligió Macri: decretazo, salteándose el aval del Congreso.
A tal punto fue controversial la medida -contradictoria con todo el discurso institucionalista promovido durante la campaña por Cambiemos- que casi ningún constitucionalista la apoyó. Sólo los aliados más dogmáticos, ambiciosos y talibanes la defendieron, a pesar de haber sostenido un discurso históricamente opuesto: como Laura Alonso o Ernesto Sanz.
Sin embargo, Rosenkrantz tiene además un polémico antecedente: el juez supremo puesto a dedo por Macri fundó una supuesta ONG, con casi nula actividad real, para ser usada en favor de sus clientes. En especial, para defender al Grupo Clarín, que ahora protege y evita cuestionar la puesta de un juez por decreto.
A su vez, desde 1998, Rosenkrantz es rector de la Universidad de San Andrés, donde se dicta la maestría en periodismo del Grupo Clarín. Su estudio además asesoró a Francisco de Narváez, tanto en los conflictos judiciales alrededor de su compra de La Rural, como en su ambición de ser candidato a presidente, pese a haber nacido en Colombia.
La Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) fue fundada el 21 de noviembre de 2000. Uno de los socios fundadores es nada menos que Carlos Fernando Rosenkrantz, quien hasta ocupó el cargo de presidente; otro es Gabriel Bouzat, nombrado tesorero de esa asociación.
Los dos fundadores de la ONG son los socios principales de Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, estudio fundado en 1991 y cuya sede comparte con la ONG de la que son autoridades.
El estudio del futuro juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación además tuvo como cliente al Grupo Clarín y a Cablevisión, al que incluso defendió en juicio.
La combinación de representación profesional ejercida por el estudio jurídico a cuenta de intereses individuales, y la gestión institucional hecha por la ADC en nombre del interés público, le permitió al bufete brindar servicios que seguramente son valorados por su clientela.
De hecho, la ONG de Rosenkrantz presentó un amparo a favor de Cablevisión y contrario a la Resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, por la que se declaró la caducidad de la licencia para la prestación de los servicios de Internet y telecomunicaciones que estaban a nombre de Fibertel, firma que fue absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado.
El 24 de febrero del 2011, los jueces Graciela Medina y Ricardo Recondo, integrantes de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, resolvieron a favor del amparo presentado por la ADC.
En una de las causas contra Fibertel, la ADC (la ONG trucha del futuro juez de la Corte) se opuso a la Resolución de la Secretaría de Política Económica 148/2010 alegando que la misma le daría "concentración económica y/o influencia sustancial" a Telefónica de Argentina SA y Telecom Argentina SA. De acuerdo con la información brindada por la Cámara Civil y Comercial Federal, la ADC no tuvo otras intervenciones.
Por ejemplo, no realizó ningún planteo en defensa de la competencia contra el monopolio de los medios audiovisuales, aun cuando dentro de los propósitos que figuran en el estatuto de la Asociación dice "promover la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados".
Los jueces de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal parecen no haber advertido que los representantes de la Asociación para la Defensa de la Competencia -Carlos Fernando Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, Virginia Irene del Águila y Guillermo Díaz Reynolds- son todos miembros del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, entre cuyos principales clientes figuran Cablevisión SA y Grupo Clarín.
La estafa fue tan flagrante que la ONG del abogado del Grupo Clarín (y futuro ministro de la Corte macrista) no puede acreditar sino la actuación judicial en defensa de sus propios clientes, en especial de Héctor Magnetto. En los registros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no figura ninguna acción promovida en defensa de consumidores o de la competencia en general.
