Se atreve a repetir la campaña sucia porque, a pesar de que la Justicia Federal condujo una investigación donde se confirmaba el delito, logró que pasara a la Justicia porteña y quedara impune

La actual campaña de redes incluye fotos de catástrofes ocurridas en Haití, de situaciones que sucedieron hace años, imágenes falsas de Scioli y Rabolini en lugares paradisíacos, y alrededor de 50.000 cuentas de tuiter con identidades falsas.

El gobierno bonaerense detectó vínculos entre esa movida y el gobierno PRO: por ejemplo, la diputada Laura Alonso es una de las impulsoras de la campaña. Por eso, hoy formalizó la denuncia judicial, en la que el asesor Jaime Durán Barba aparece como uno de los principales acusados.

En 2011, el asesor y gurú macrista había atravesado una denuncia similar, por la que de hecho terminó procesado, y sólo pudo zafar una vez que el macrismo movió sus palancas judiciales para que la causa prescribiera.

Durante la campaña para jefe de Gobierno de 2011 se develó la existencia de llamadas a miles de usuarios para darles información falsa. Una de las llamadas automatizadas decía: “¿Sabía usted que el padre del candidato Daniel Filmus es arquitecto y trabaja en el proyecto de viviendas por el que Sergio Schoklender se encuentra investigado? Ahora que sabe esto, ¿usted lo votaría?”.

El padre de Filmus no es arquitecto, ni trabajó con Schoklender. La causa avanzó en la Justicia federal, que vinculó las llamadas a las empresas Connectic, TAG Continental y Duran Barba y Asociados. En la causa fueron indagados y procesados Duran Barba y sus socios Rodrigo Lugones y Guillermo Garat.

Se calcula que la gestión PRO les pagó más de cinco millones a estas empresas.

Ante esta avalancha de pruebas, la defensa de Duran Barba se jugó a conseguir que la causa pasara a la Justicia porteña. Cuando consiguieron un fallo favorable de la Corte Suprema, el caso ya no tuvo más avances. Pasaron dos fiscales, Angel Carestia y María Lorena Tula del Moral, hasta que finalmente recayó en manos del fiscal interino Martín García Berro, que fue ubicado al frente de la causa por Germán Garavano.

El funcionario había sido designado por el PRO como jefe de los fiscales. Garavano es uno de los fundadores de la ONG Unidos por la Justicia, que recibió 450 mil pesos en subsidios del gobierno macrista.

Así, en diciembre de 2013, Durán Barba consiguió que la causa prescribiera, porque ya había transcurrido el tiempo máximo de la pena que podía ser impuesta si él y sus socios hubieran sido encontrados culpables.

El propio Filmus hoy recordó aquel episodio. "Macri se atreve a repetir la campaña sucia porque, a pesar de que la Justicia Federal a través de la jueza María Romilda Servini de Cubría condujo una investigación donde se encontraron todas las pruebas que confirmaban el delito, logró que la denuncia pasara a la Justicia de la Ciudad y quedara impune”, arremetió Filmus.