El mediodía del 26 de junio de 2002 la Policía Bonaerense, Gendarmería, prefectura y la Federal actuaron en conjunto para reprimir a una movilización piquetera que intentaba cortar el puente Pueyrredón, en medio de una profunda crisis política y económica. En ese marco fueron fusilados los dos militantes piqueteros.

Amparados por el silencio de Clarín, el entonces Gobierno Nacional y provincial contó con horas de blindaje. Pero ante la circulación de las filmaciones y fotografías del asesinato a Duhalde no le quedó otro remedio que adelantar su salida del Gobierno.

El 9 de enero de 2006 se dictó sentencia contra dos uniformados de la Bonaerense: Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta. Ambos fueron condenados por el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora a cadena perpetua por doble homicidio y siete tentativas de homicidio.

La semana pasada, Alberto Santillán, padre del piquetero fusilado, volvió a solicitarle al Poder Judicial que destraba la investigación contra las responsabilidades políticas de lo ocurrido. “Hicimos una presentación, después de haber luchado para que la causa se desarchive, ante el fiscal Iglesias de nuevos testigos que nunca fueron llamados a declarar”.

Los testigos presentados por los familiares de las víctimas son personas que trabajaban en el Municipio de Avellaneda. “Jamás se las llamó a declarar y se comprometieron a dar testimonios”, destacó Santillán por FM En Tránsito.

“Esto se investiga como si fuera solamente un caso de Policías, sin embargo no está enmarcado en lo que fue la Masacre de Avellaneda. Que fue algo pergeñado por el Estado”, aseguró Santillán.

“Los que tienen que estar presos por estos es Duhalde (Presidente de la Nación, Felipe Solá (Gobernador Bonaerense), Alfredo Atansof (Jefe de Gabinete), Jorge Matzkin (Ministro del Interior), Juan José Álvarez (Secretario de Seguridad y que tuvo un cargo en la SIDE durante la última dictadura), entre otros.

Además del blindaje mediático contra los responsables políticos, también el Poder judicial actúa como protector de las figuras políticas responsables y dilata el avance de la investigación entre saltar la causa entre las fiscalías.