En vez de cerrar, hay que abrir los talleres, pero desde una perspectiva distinta, respetando los derechos de las personas

Trabajadores del sector se vienen reuniendo con organizaciones sociales y sindicales en la búsqueda de una estrategia común. Las reuniones, promovidas por el Colectivo Simbiosis Cultural, comenzaron después del incendio que el 27 de abril pasado provocó la muerte de Rolando y Rodrigo, dos niños de 7 y 10 años, en una vivienda de la calle Páez 2796, en Flores, donde funcionaba un taller de costura no habilitado.

“El problema no se soluciona con allanamientos y clausuras que no hacen más que criminalizar a las víctimas, porque todos pasan a ser ‘clandestinos’ y los dejan en la calle, sin trabajo”. Quien así lo afirma conoce por dentro esa dura realidad. Se trata de Juan Vázquez, del Colectivo Simbiosis Cultural, y nacionalidad boliviana.

En declaraciones para Página/12 contó que en los allanamientos “muchas veces los policías terminan apuntando con sus armas a mujeres embarazadas, a niños, como si ellos fueran los culpables; no queremos eso, pero tampoco queremos que siga la explotación de personas que necesitan trabajar y que les respeten sus derechos como trabajadores”.

Recalcó además que los que explotan esos talleres “son empresarios privados, pero también organismos del Estado” entre los que citó a “la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad”. “Hay que salir de las miradas fáciles y, en vez de cerrar, hay que abrir los talleres, pero desde una perspectiva distinta, respetando los derechos de las personas”, propone Vázquez.

Simbiosis Cultural comenzó a formarse a partir del incendio ocurrido en 2006 en la calle Luis Viale, en Caballito, donde murieron seis personas, cinco de ellas menores de 18 años. Vázquez explicó que después de las denuncias, encabezadas por la Fundación La Alameda, “lo que ocurrió fue que los talleres se fueron trasladando al conurbano bonaerense, donde siguieron funcionando de la misma manera”.

Vázquez también señaló que desde el gobierno nacional “se intentó estatizar los talleres y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) invitó a 150 empresas que trabajan con los talleres ‘clandestinos’ a que normalicen su intervención y se creó una oblea de certificación”. Según Vázquez, “una sola empresa adhirió a la iniciativa y las demás siguieron trabajando de la misma manera”, tercerizando su producción a los talleres en negro.

Por otro lado, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), presidido por Estela de Carlotto, repudió las declaraciones del senador del PRO por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, quien solicitó legalizar el trabajo infantil en el campo, y además expresó su repudio al silencio del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

“Es sumamente preocupante y nos avergüenza que un dirigente político y ex dirigente rural haga este tipo de declaraciones. Pero más preocupante aún es el silencio” de Mauricio Macri, “que en sus discursos habla de que los niños tienen prioridad en su gestión porteña y a 10 días de lo sucedido no dijo nada”, expresó el comunicado. Recordemos además que la esposa de Macri, Juliana Awada preside la marca de ropa Cheeky que fue imputada por utilizar trabajo esclavo.