Juzgó a los máximos responsables del genocidio en la Argentina pero como ex ministro de Justicia y como abogado, dice otra cosa

La presentación del ex diputado de la UCR, Ricardo Gil Lavedra como defensor del ex juez federal de Salta, Ricardo Lona, procesado por crímenes de lesa humanidad, fue cuestionada por un sector del radicalismo y por representantes de la querella, al recordar su rol histórico como miembro del tribunal que en 1985 condenó a las juntas militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983.

La noticia se conoció días atrás y fue ratificada por Gil Lavedra en una entrevista publicada por el diario La Gaceta de Salta, en la que el ex ministro de justicia dijo que aceptó ser defensor de Lona porque "es inocente" y por la "amistad" que los une.

Lona cumple prisión preventiva en el marco de la causa conocida como la Masacre de Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976, cuando once presos polí­ticos fueron acribillados a balazos en el paraje Palomitas, a la vera de la ruta nacional 34, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta, cuando eran supuestamente trasladados del penal de Villa Las Rosas a Córdoba.

Por esta causa, Lona -que era el juez federal que debía investigar lo sucedido en ese hecho- fue procesado en 2007 por "incumplimiento de deberes de funcionario público" y tras innumerables apelaciones y recusaciones, el juez Fernando Poviña dictó la prisión preventiva por considerarlo prima facie "penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de cómplice primario, en perjuicio de los presos fusilados".

En diálogo con Télam, el abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, explicó que si bien es "respetuoso del derecho de defensa", la postura de Gil Lavedra "es llamativa" por ser "un hombre político dentro de un Estado democrático".

"Juzgó a los máximos responsables del genocidio en la Argentina pero como ex ministro de Justicia y como abogado, dice otra cosa", señaló Avila al recordar el juicio a las juntas militares en 1985 y cuando durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Gil Lavedra impidió la extradición de los represores para ser juzgados en el país.

"Subestima a la sociedad salteña que espera ver a Lona sentado en el banquillo de los acusados", lamentó Ávila al recordar que el ex juez está imputado en más de cuarenta causas por su complicidad como magistrado con la última dictadura.

Por su parte, el dirigente del radicalismo salteño, Rubén Correa, consideró "muy grave" la decisión de Gil Lavedra y confirmó que elevarán un pedido a la mesa de la convención nacional de la UCR para en el tribunal nacional de ética "se discuta y se defina qué va a pasar con su ficha de afiliación".

"Queremos que esto lo discuta el partido a nivel nacional porque Gil Lavedra no es un abogado más y la UCR tiene una tradición muy fuerte en la defensa de los derechos de los ciudadanos", sostuvo en diálogo con Télam.

Agregó que "si bien entendemos el ejercicio libre de la profesión, nos cuesta entender que tire por la borda la importancia que tuvo en el juicio a las juntas militares por defender a un ex juez como Lona".

Además, en el orden local, Correa explicó que pedirá la suspensión de la entrega del título de Doctor Honoris Causa que era analizado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas por ser "incompatible de parte de alguien que ha tomado semejante actitud".

Por su parte, la hija de una de las víctimas de la Masacre de Las Palomitas, Elia Fernández, dijo a Télam que la decisión de Gil Lavedra "es borrar con el codo lo que escribió con la mano".

"No sólo nos sorprendió sino que nos molesta que diga que está convencido de que es inocente y que además es su amigo, porque nosotros tenemos pruebas contundentes de su complicidad con la dictadura cívico militar, cuando como juez estuvo en lugares claves donde se ejerció la represión ilegal", dijo la referente de H.I.J.O.S. en Salta.