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Una parte significativa del Poder Judicial fue activa, no sólo complaciente o apolítica, en su colaboración con el régimen

El libro ¿Usted también, Doctor? Surgió de una investigación colectiva coordinada por Juan Pablo Bohoslavsky sobre la complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura y da cuenta de la situación actual a este respecto en uno de los pilares del sistema democrático.

Según el libro, "al menos 129 funcionarios judiciales han sido vinculados a alguna práctica terrorista del régimen autoritario, lo que representaría el 30% de la composición actual del fuero criminal y correccional de la justicia federal. Noventa de ellos han sido denunciados penalmente, 53 están formalmente imputados. Pero hasta el momento, sólo se ha registrado una condena en firme".

Según publica Tiempo Argentino, el escrito termina con un pedido de investigación oficial y sistemática en la materia y un reclamo a la Corte Suprema para que reconozca y pida disculpas públicas por el accionar en esos años.

"Una parte significativa del Poder Judicial fue activa –no sólo complaciente o apolítica– en su colaboración con el régimen: desde la denegación sistemática (tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores) de hábeas corpus, la confirmación de la validez de las normas de facto represivas, la reticencia a investigar seriamente los crímenes (…) hasta la apropiación ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres (...)", describe Bohoslavsky en la introducción del libro y agrega que "por ello no sorprende la connivencia de una gran cantidad de jueces y fiscales de la familia judicial, dirigida a obstaculizar o dilatar los juicios contra los genocidas, así como a perseguir a quienes denunciaban a los funcionarios cómplices (caso 'Kimel')".

Bohoslavsky, es doctor en Derecho y Relator Independiente de la ONU sobre los efectos de la deuda externa en los Derechos Humanos, y en la mensionada entrevista a Tiempo Argentino aclaró que no programó que el libro saliera en este momento político de disputa entre el gobierno nacional y sectores del Poder Judicial.

"Este proyecto lleva dos años y medio y es una progresión académica natural en la manera en que la Argentina se está pensando en materia de Verdad, Memoria y Justicia. Es ampliar los anillos de responsabilidad sobre aquellos actores no militares", dijo Bohoslavsky y subrayó que "el Poder Judicial necesita conocer más sobre su propia historia para entender cuáles son y han sido sus deudas o sus puntos débiles y sus fortalezas. Conocer mejor la historia y parte todavía actual de la composición de la justicia va a enriquecer el debate que tiene lugar en la Argentina."

Sobre el rol concreto que tuvieron jueces y fiscales en la dictadura, el libro divide las aguas en tres: “En el Poder Judicial como institución, dentro de la categoría cómplices, hubo tres grupos: los militantes, casos como el juicio de Mendoza (Luis Miret, Otilio Romano), en algunos casos tomaban testimonios a personas que eran torturadas. Era un grupo que participaba de forma entusiasta en la convalidación del accionar represivo. Después estuvo la inmensa mayoría, que denominamos complacientes banales, quienes no investigaban por miedo a perder su salario o víctimas de esta idea generalizada que había un derecho y una constitución en pie. No investigaban pero no acompañaban al régimen. El tercer grupo fue minoritario: los pocos jueces y fiscales que tuvieron una actitud decente e independiente frente al gobierno de facto e intentaron amparar a la víctimas, pero encontramos muy pocos”, sostuvo Bohoslavsky.

El escrito también se refiere al rol de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido Bohoslavsky contó que, “a los pocos días del golpe, todos los jueces de la Corte fueron removidos, junto al Procurador de la Nación y varios jueces federales. Todos fueron remplazados. Lo que esperaba la dictadura que sucediera con la Corte fue lo que ocurrió: convalidó los estatutos de la dictadura, de hecho juraron por los estatutos y por la Constitución. La Corte tuvo dos colaboraciones principales. Por un lado convalidó el nuevo sistema jurídico que impusieron los militares. Convalidaron la constitucionalidad de los estatutos. Y por el otro lado no investigaron los delitos que las fuerzas represivas cometían al margen de cualquier control. Convalidaban la estructura jurídica, en algunos casos represiva, como la prohibición del derecho a opción de  salir del país, y por otro no investigaban los hechos. Hubo más de 5 mil habeas corpus y sólo un puñado fue investigado”.

Bohoslavsky fue coordinador del libro Cuentas Pendientes sobre la participación del empresariado en la represión del Estado y tuvo como efecto la conformación de una comisión de la Verdad en Diputados sobre dicha complicidad.